Milei denunció el monopolio de Clarín, pero terminó habilitando la megafusión de Telecom y Movistar

El Gobierno de Javier Milei autorizó la compra de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom Argentina, pero lo hizo bajo condiciones. La decisión fue presentada como una defensa de la competencia, aunque deja abierta una lectura incómoda para el oficialismo: después de advertir durante meses sobre el riesgo de una concentración excesiva en manos del grupo Telecom-Clarín, terminó habilitando la operación más importante del mercado telecomunicacional argentino.

La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, dentro de la Autoridad Nacional de la Competencia, no implica una aprobación limpia. Para avanzar, Telecom deberá vender parte de sus clientes, ceder espectro radioeléctrico y desprenderse de activos de infraestructura con el objetivo declarado de evitar un escenario monopólico o duopólico.

El punto político es que el Gobierno no bloqueó la fusión: la permitió. Y esa diferencia no es menor. El oficialismo pasó de denunciar el riesgo de concentración a diseñar un esquema para volverla aceptable.

Antes de la operación, el mercado móvil estaba repartido entre tres grandes jugadores: Claro, con 41,8%; Telecom/Personal, con 33,8%; y Telefónica/Movistar, con 24,4%. Sin restricciones, la compra habría llevado a Telecom a controlar cerca del 58% del mercado móvil, dejando a Claro con el 42% y reduciendo el sistema a un duopolio.
 

Las condiciones impuestas a Telecom
 

La autorización quedó atada a una serie de exigencias. Telecom deberá transferir 6 millones de clientes móviles activos a un competidor independiente: 4 millones en el AMBA y 2 millones en el resto del país. Esa transferencia incluye contratos, numeración e historial, y según el Gobierno no debería generar costos para los usuarios.

También deberá ceder espectro radioeléctrico y permitir acuerdos de uso de red para el nuevo competidor, incluyendo roaming, infraestructura compartida y co-ubicación. Además, tendrá que garantizar acceso a sistemas comerciales mientras el nuevo operador desarrolla capacidad propia.

En internet fija, la ANC ordenó desinvertir la cartera de abonados de Movistar en 28 localidades de CABA, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, por unos 211.400 abonados. En la Ciudad de Buenos Aires, la transferencia de la red de fibra óptica al hogar de Telefónica será obligatoria.

El Gobierno sostiene que, con estas condiciones, la concentración bajaría de alrededor del 70% a cerca del 50% de los servicios. Pero ahí aparece el núcleo del cuestionamiento: en un mercado estratégico como telecomunicaciones, conectividad, datos móviles, internet fija y contenidos, un actor con la mitad del sistema sigue teniendo un poder extraordinario.
 

Del discurso antimonopolio a la concentración administrada
 

La contradicción golpea directamente sobre el relato oficial. Milei había advertido en 2025 que la compra podía dejar una porción muy alta de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico. En marzo de ese año, el propio Gobierno suspendió preventivamente la operación bajo el argumento de que podía concentrar el 61% de la telefonía móvil, el 69% de la telefonía fija y hasta el 80% de internet residencial en algunas zonas.

Ahora, en lugar de sostener esa línea dura, la administración libertaria eligió una salida intermedia: autorizar la compra y exigir correcciones. La decisión permite al oficialismo mostrarse como regulador, pero también expone un giro evidente. El Gobierno no evitó la concentración; la ordenó bajo condiciones.

Especialistas citados por Chequeado calificaron las exigencias como “suaves” y “muy beneficiosas” para el grupo comprador. Uno de los principales cuestionamientos es que Telecom seguiría quedando como el único jugador con oferta convergente nacional a gran escala: telefonía móvil, telefonía fija, internet, infraestructura, TV y contenidos.

La empresa, en cambio, sostiene que las condiciones son excesivas. Telecom argumenta que la autoridad no contempló la competencia global del ecosistema digital, donde también operan actores como Starlink, WhatsApp, Netflix o Amazon, y evalúa si cumplirá las exigencias o si las cuestionará judicialmente.

Ese contrapunto no elimina el problema central. Si las condiciones son tan duras como dice la empresa, y aun así la operación le permite quedar como actor dominante, la pregunta es qué tan eficaz fue realmente la intervención estatal.

El caso deja al Gobierno en una posición difícil de defender. La administración que prometía enfrentar privilegios terminó habilitando una concentración de enorme peso económico, tecnológico y comunicacional. La presentó como una victoria regulatoria, pero la decisión también puede leerse de otra manera: Milei no frenó el poder de Telecom-Clarín; apenas le puso condiciones para que avance.

En un país donde internet, telefonía móvil, conectividad empresaria y contenidos forman parte de la infraestructura básica de la vida cotidiana, la discusión excede a una operación comercial. Lo que está en juego es quién controla las redes por donde circulan datos, comunicaciones, trabajo, educación, consumo y opinión pública.