El caso Gonzalo Santos escala: amenazas, difamación con IA y presión sobre la prensa en Río Negro

El caso del periodista Gonzalo Santos volvió a escalar y ya dejó de ser un episodio aislado de intimidación para convertirse en una señal de alarma sobre la libertad de prensa en Río Negro. El comunicador, responsable del medio DosNueveVeinte / 2920 y conductor de LUVER por FM de la Costa, denunció amenazas, hostigamiento contra su entorno familiar y una secuencia de ataques digitales orientados a afectar su credibilidad pública.

El primer hecho registrado por FOPEA ocurrió en mayo. Según el monitoreo de la entidad, Santos denunció haber recibido el 16 de ese mes una amenaza de muerte telefónica. Antes de esa llamada, su esposa había recibido mensajes con acusaciones falsas sobre la vida personal del periodista, en una maniobra que él interpretó como un intento de dañarlo en el plano familiar y desacreditar su trabajo.

Tras ese episodio, Santos realizó una denuncia ante la Fiscalía Penal de turno en Viedma. En ese momento, vinculó el hostigamiento con sus investigaciones sobre el poder rionegrino: falta de transparencia en sueldos de funcionarios, designaciones opacas en la Legislatura provincial y asignación de recursos estatales. Sin embargo, también aclaró que no tenía evidencia concreta sobre quiénes estaban detrás de la maniobra.
 

Una escalada con cuentas falsas y material manipulado
 

La nueva secuencia agravó el cuadro inicial. El 18 de junio, FOPEA volvió a pronunciarse después de que Santos ampliara la denuncia penal. La presentación incorporó nuevos hechos: la aparición de una cuenta falsa de Facebook, la difusión de contenido difamatorio contra su esposa, supuestos chats apócrifos, la exposición de su número telefónico personal y la circulación de capturas enviadas a medios locales y particulares.

El punto más sensible fue la aparición de un video manipulado mediante inteligencia artificial con la imagen del periodista. Para FOPEA, la fabricación y distribución de material falso con tecnología digital constituye una forma grave de agresión contra la libertad de prensa, porque busca dañar reputaciones, instalar sospechas artificiales y desalentar investigaciones periodísticas.

La entidad leyó la secuencia como un accionar coordinado para afectar la credibilidad de Santos y condicionar su trabajo sobre el poder provincial. Ese elemento vuelve más delicado el caso: no se trata solo de una amenaza directa, sino de una estrategia de desgaste personal, familiar y profesional.
 

El caso llegó a la CIDH y al Congreso
 

La denuncia está radicada en Viedma y Santos se constituyó como querellante. Además, FOPEA informó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH acusó recibo, el 10 de junio, de la comunicación presentada por el periodista, pidió información complementaria y confirmó que analizará los antecedentes según su mandato.

El caso también tuvo repercusión legislativa. En la Cámara de Diputados de la Nación fue presentado el expediente 2442-D-2026, impulsado por Marcelo Mango y acompañado por Adriana Serquis, Hugo Yasky y Moira Lanesan Sancho, para repudiar las amenazas e intimidaciones contra Santos y reclamar protección y esclarecimiento.

La intervención de organismos nacionales e internacionales eleva el costo institucional para Río Negro. Si un periodista denuncia amenazas, doxxing, difamación familiar y manipulación audiovisual con IA por investigar asuntos de interés público, el Estado provincial queda obligado a garantizar una respuesta rápida, seria y verificable.
 

El trasfondo político que incomoda al poder
 

El caso se cruza con investigaciones periodísticas sensibles sobre el poder rionegrino. Entre ellas aparece la llamada “Ruta del Dinero W”, difundida por Noticias Río Negro, que reconstruye vínculos entre empresas financieras, descuentos sobre salarios públicos, medios de comunicación, pauta oficial y el gobierno de Alberto Weretilneck. La nota menciona a Fernando Whpei, Grupo Unión, Flash Cash, Grupo 360 y pagos de pauta oficial durante 2025 y 2026.

Ese trasfondo no prueba quién está detrás de los ataques. Hasta ahora, no hay una prueba pública de autoría política directa. Pero sí marca el contexto: Santos investiga zonas sensibles del poder, y la agresión denunciada busca precisamente erosionar el capital más importante de un periodista de investigación: su credibilidad.

El propio Santos habló públicamente de un accionar “mafioso”, aclarando que lo usaba como categoría política y moral, no como calificación penal. Según relató, los ataques comenzaron con mensajes a su entorno familiar, siguieron con llamadas, escalaron a una amenaza directa, continuaron con publicaciones falsas y terminaron con un video manipulado.

El silencio político también se volvió parte de la discusión. En diálogo con FM de la Costa, Santos afirmó que recibió llamados privados de casi todos los sectores políticos, salvo de Juntos Somos Río Negro, y presentó esa ausencia como un síntoma de una falla estatal frente a situaciones de vulnerabilidad.

La pregunta que queda abierta es central: quién creó la cuenta falsa, quién difundió las capturas, quién produjo o distribuyó el video manipulado, qué trazabilidad tienen los teléfonos utilizados y qué medidas concretas adoptó la Fiscalía de Viedma.

Hasta que eso se sepa, el caso golpea de lleno sobre el clima político provincial. No porque exista una autoría probada del oficialismo, sino porque la intimidación a un periodista que investiga pauta, sueldos, negocios y opacidad pública exige una respuesta institucional contundente. En una democracia, cuando se amenaza a quien investiga al poder, el silencio también comunica.