UPCN y ATE rechazan el control biométrico en hospitales y cuestionan las prioridades del Gobierno

El plan del Gobierno de Río Negro para implementar un sistema de control de asistencia con reconocimiento facial en hospitales abrió un nuevo frente de conflicto con los gremios estatales. UPCN y ATE rechazaron la medida y cuestionaron que la Provincia destine $1.500 millones a tecnología biométrica mientras el sistema sanitario arrastra problemas salariales, edilicios y de funcionamiento.

La prueba piloto comenzará en el hospital de San Antonio Oeste y, si el mecanismo funciona, se extenderá al resto de los nosocomios provinciales. La implementación estará a cargo de Altec S.E. y de la firma privada Airata S.A., contratada para proveer el equipamiento y el software.

Desde el Gobierno, la iniciativa es presentada como una herramienta para ordenar el presentismo y modernizar el control administrativo. Para los sindicatos, en cambio, el problema no es el control en sí, sino el orden de prioridades.
 

“El problema son las prioridades”
 

Desde UPCN, el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi, señalaron que no se oponen al control de asistencia, pero sí a lo que consideran una obsesión oficial por vigilar al personal mientras persisten reclamos básicos sin respuesta.

El sindicato cuestionó que el Ejecutivo alegue falta de recursos al momento de discutir salarios, pero avance con contrataciones millonarias para auditar certificados médicos o instalar sistemas biométricos. También puso como ejemplo la rotura del tomógrafo del hospital Artémides Zatti, fuera de funcionamiento desde hace dos meses, cuyo arreglo rondaría los 60.000 dólares.

Para UPCN, invertir $1.500 millones en control facial en ese contexto “parece una burla”, especialmente cuando los trabajadores reclaman recomposición salarial y mejoras concretas en las condiciones de atención.
 

ATE advierte por datos biométricos y privacidad
 

ATE, conducido por Rodrigo Vicente, también rechazó la medida y habló de una “distorsión de prioridades”. El gremio sostuvo que esos recursos podrían destinarse a incorporar personal, comprar aparatología, reforzar insumos médicos, mejorar infraestructura y garantizar seguridad en los hospitales.

La secretaria general de la seccional Allen y referente provincial de Salud, Carolina Suárez, advirtió que resulta contradictorio que el Ministerio avance con tecnología de control humano cuando los hospitales enfrentan dificultades para sostener la calidad de atención.

El sindicato además expresó preocupación por la manipulación de datos biométricos, al considerar que el reconocimiento facial implica el tratamiento de información sensible y puede poner en riesgo la privacidad de los trabajadores. En ese sentido, exigió que se cumpla con la Ley de Protección de Datos Personales y que se ofrezcan métodos alternativos.

ATE citó criterios de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que advierten sobre la relación asimétrica entre empleador y empleado en estos casos y sobre los riesgos irreparables que podría generar una filtración de datos biométricos.
 

Un conflicto que excede el presentismo
 

La documentación oficial indica que los equipos estarán destinados a los 36 hospitales públicos y a los 190 Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos en la provincia, aunque también deja abierta la posibilidad de extender el sistema a otros organismos de la administración pública.

Esa proyección amplía el debate. Ya no se trata solamente de controlar horarios en hospitales, sino de definir hasta dónde puede avanzar el Estado provincial en el uso de tecnologías biométricas sobre sus trabajadores.

El Gobierno busca instalar el sistema como una herramienta de orden y eficiencia. Los gremios, en cambio, lo leen como una señal política de control en medio de una crisis sanitaria más profunda.

La discusión de fondo queda planteada: si el objetivo es mejorar la salud pública, la pregunta no es solo quién marca asistencia y cómo lo hace, sino por qué la Provincia prioriza tecnología de vigilancia antes que salarios, aparatología, insumos y condiciones de atención. En un sistema hospitalario bajo presión, el conflicto por el registro biométrico expone una disputa mucho más amplia sobre gestión, recursos y confianza entre el Estado y sus trabajadores.