Efectivos del Departamento Sustracción Automotores de Viedma, dependiente de la Policía de Río Negro, lograron el secuestro de una camioneta y una motocicleta que contaban con pedidos de secuestro vigentes por robo. El procedimiento policial se llevó a cabo este lunes en las inmediaciones e interior de un taller mecánico ubicado en la periferia de la capital rionegrina.
La intervención se inició en el marco de las habituales recorridas de prevención pública que realiza la división especializadora. Durante el patrullaje, los agentes detectaron anomalías visibles en una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública, precisamente frente a un taller mecánico situado sobre la calle 20 del barrio General Lavalle.
Al aproximarse al vehículo, el personal policial constató que la chapa patente colocada presentaba características presuntamente apócrifas. Ante esta sospecha, se procedió a realizar las verificaciones de los números de chasis y motor mediante los sistemas informáticos de la fuerza.
El cruzamiento de datos arrojó los siguientes resultados:
Camioneta: Registraba un pedido de secuestro activo por el delito de robo, solicitado originalmente por la Comisaría 4° de Llavallol, jurisdicción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Motocicleta: Tras identificar el primer rodado, y contando con la autorización del encargado del taller mecánico para registrar el predio, los uniformados inspeccionaron los vehículos en reparación. Allí hallaron una motocicleta que también poseía un pedido de secuestro vigente, requerido en este caso por la Comisaría 30° de Viedma.
Finalizadas las tareas de verificación e inspección ocular, el personal policial entabló comunicación inmediata con la Fiscalía de turno de la capital rionegrina para poner en conocimiento el resultado del procedimiento.
El magistrado interviniente avaló el accionar policial y dispuso el secuestro formal de ambos rodados para su posterior entrega a los damnificados. Asimismo, ordenó el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes contra el responsable del lugar bajo la carátula de presunta infracción al artículo 289 del Código Penal, el cual reprime la adulteración, supresión o falsificación de marcas, contraseñas o numeraciones de bienes registrables.