La trama detrás del "allanamiento" a Weretilneck: el hackeo, la filtración y una supuesta Fake News

La política rionegrina atravesó esta semana uno de esos episodios en los que la velocidad de la información terminó imponiéndose sobre los hechos. Durante varias horas se instaló la versión de que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno y que el gobernador Alberto Weretilneck quedaba alcanzado por una investigación vinculada a una causa judicial que involucra a dirigentes de la AFA. La noticia circuló rápidamente por portales, redes sociales y generando un fuerte impacto político.

Sin embargo, la reconstrucción de la secuencia muestra un escenario distinto. El procedimiento judicial existió y si estuvo dirigido contra el despacho del gobernador ubicada en la sede del Poder Ejecutivo. También el allanamiento se realizó en dependencias de ALTEC, la empresa estatal de tecnología de Río Negro, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el propio Gobierno provincial por el presunto hackeo de sus sistemas informáticos.

Lo llamativo no fue únicamente la diferencia entre los hechos y la versión que ganó la agenda pública. También lo fue el momento en que comenzó a instalarse el supuesto allanamiento. Para entonces, la administración provincial ya había denunciado el acceso ilegal a información reservada y había identificado a un empleado de ALTEC como presunto responsable de la maniobra. Es decir, el expediente judicial no se originó por una investigación contra Weretilneck, sino por una denuncia impulsada por el propio Ejecutivo.
 

Una denuncia que cambió el eje del expediente

La cronología permite entender por qué el Gobierno insiste en hablar de una operación política. Según pudo reconstruirse, el viernes previo a la denuncia judicial, personal de ALTEC retiró la computadora asignada al empleado sospechado de haber vulnerado los sistemas informáticos provinciales. Días después, la Fiscalía de Estado formalizó la presentación penal con la información técnica aportada por la empresa estatal.

En esa denuncia se sostiene que existió un acceso ilegítimo a bases de datos oficiales y la extracción de documentación reservada del Estado provincial. Entre el material comprometido aparecen recibos de sueldo de funcionarios del Ejecutivo, incluido el correspondiente al propio gobernador, además de otra información interna cuyo contenido no trascendió públicamente.

Para la administración de Weretilneck, ese dato resulta central. El expediente judicial no investiga una supuesta irregularidad cometida por el mandatario, sino un presunto delito informático que habría permitido acceder y filtrar documentación protegida del Estado. Esa diferencia, sostienen en el Gobierno, quedó completamente diluida cuando comenzó a hablarse de un allanamiento en la Casa de Gobierno.
 

Del expediente judicial a la batalla política

La reacción oficial fue inmediata. El gobernador salió públicamente a negar que la sede del Ejecutivo hubiera sido allanada y vinculó la difusión de esa información con una estrategia política para erosionar su imagen. Sin rodeos, apuntó contra sectores del peronismo rionegrino y mencionó al Senador nacional Martín Soria como uno de los responsables de amplificar la versión.

"Fue una fake news", sostuvo Weretilneck, quien interpretó que el episodio buscó construir un hecho político sobre una investigación que, en realidad, había sido promovida por su propia administración. La acusación no quedó solamente en el plano discursivo. Desde el Ejecutivo remarcan que la gacetilla oficial difundida ese mismo día que Weretilneck manifestó una supuesta Fake News en declraciones públicas, aclaraba que el procedimiento judicial respondía exclusivamente a la denuncia por el hackeo y la filtración de datos pero no a que la policía Federal había allanado la Casa de Gobierno de calle Laprida.

La discusión dejó al descubierto en primera instancia una pésima comunicación por parte de la Adnistración provincial y otro elemento habitual en las disputas políticas contemporáneas: la dificultad para separar el hecho judicial del relato político. Mientras la Justicia avanza sobre un presunto delito informático, la pelea pública pasó rápidamente a girar en torno a un allanamiento que supuestamente el Gobierno nunca ocurrió pero no descartan que efectivos de la policía Federal se apersonaron e ingresaron a la gobernación en los términos en que inicialmente fue presentado.
 

La investigación continúa mientras crecen los interrogantes

El expediente ahora deberá determinar si efectivamente existió un acceso ilegal a los sistemas provinciales, cuál fue el volumen de información extraída y si hubo terceros que participaron de la filtración. También deberá establecer si la documentación obtenida fue utilizada con fines políticos o mediáticos, una hipótesis que el Gobierno no descarta.

En la Casa de Gobierno consideran que la secuencia difícilmente haya sido casual. La aparición pública de información reservada, la denuncia por el hackeo, el allanamiento en ALTEC, la ncautación de una computadora en Casa de Gobierno y la posterior difusión de versiones sobre un supuesto procedimiento en la sede del Ejecutivo conforman, según esa lectura, una cadena de hechos que terminó modificando el eje de la información como una verdad a medias tintas. 

Más allá de la disputa política, el caso vuelve a poner sobre la mesa una preocupación creciente para los gobiernos provinciales: la seguridad de la información pública. Si la investigación confirma la vulneración de los sistemas oficiales, el episodio no sólo tendrá consecuencias judiciales, sino que abrirá un debate sobre la protección de datos sensibles dentro de la administración estatal. Mientras tanto, la batalla política ya comenzó y todo indica que el expediente seguirá alimentando nuevas tensiones en la escena rionegrina.