Río Negro cobrará por el agua que usan las represas del Comahue

El gobernador Alberto Weretilneck promulgó la ley que establece un canon por el uso del agua destinada a la generación hidroeléctrica en las represas del Comahue. La norma le reconoce a Río Negro el derecho a percibir una compensación económica por el aprovechamiento de sus recursos hídricos, en una cuenca clave para el sistema eléctrico nacional.

El nuevo esquema fija para la provincia el equivalente al 1% de la energía comercializada por las concesionarias. Ese porcentaje forma parte de un canon total del 2%, distribuido en partes iguales entre Río Negro y Neuquén, las dos jurisdicciones vinculadas a los ríos que alimentan las centrales.
 

Un reclamo histórico sobre los recursos provinciales
 

El Gobierno rionegrino presentó la medida como un avance en la defensa de los recursos naturales. El argumento central es que, durante décadas, los ríos de la región aportaron al desarrollo energético del país sin que la provincia recibiera una compensación acorde por el uso del agua.

La ley se inscribe en el proceso de renovación de las concesiones hidroeléctricas y en la negociación que Río Negro llevó adelante junto a Neuquén ante el Gobierno Nacional. En ese marco, la Provincia buscó que las nuevas operadoras reconozcan el dominio provincial sobre el recurso hídrico y paguen por utilizarlo para generar electricidad.

El canon alcanza a las principales represas del sistema, entre ellas Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, centrales estratégicas para la generación hidroeléctrica del país. La discusión no sólo tiene impacto fiscal, sino también político: coloca a la provincia en una posición más activa frente a empresas concesionarias y frente al Estado nacional.
 

Lo que falta definir
 

Con la promulgación, el paso siguiente será la reglamentación de la ley. Esa instancia deberá precisar los mecanismos de liquidación, control, fiscalización y cobro, además del flujo efectivo de fondos que recibirá la provincia.

El monto final dependerá de la energía comercializada por las concesionarias y de las condiciones de venta en el mercado eléctrico. Por eso, aunque el porcentaje ya quedó fijado, el impacto real en las cuentas provinciales recién podrá medirse cuando el esquema esté operativo.

Desde el Ejecutivo sostienen que los nuevos ingresos deberán traducirse en infraestructura, desarrollo y obras para las próximas décadas. La clave, ahora, será que ese discurso tenga una ejecución transparente: el canon puede convertirse en una herramienta estratégica para Río Negro, pero su peso político dependerá de cómo se administre y de si esos recursos llegan efectivamente a la provincia en forma de inversión pública.