Represas del Comahue
01/07/2026 - Edición Nº2765
Río Negro
Reconocimiento facial en Río Negro
Control facial en Río Negro: polémica por un contrato millonario
12:20 |La contratación de Airata SA para controlar asistencia estatal con datos biométricos abrió dudas sobre transparencia, privacidad y el manejo de información sensible de empleados públicos.
El sistema comenzaría en hospitales y luego se extendería al resto de la administración pública.
El avance del Gobierno de Río Negro con un sistema de reconocimiento facial para controlar la asistencia de empleados públicos abrió un nuevo frente de conflicto político, gremial y administrativo.
La contratación de Airata SA, una empresa dedicada a identidad digital y biometría, quedó bajo la lupa por el costo estimado del proyecto, que rondaría los $1.500 millones, y por la falta de información pública sobre el expediente, la adjudicación y las condiciones del contrato.
Datos biométricos y falta de respuestas
El sistema comenzaría a implementarse en hospitales públicos y luego podría extenderse al resto de la administración provincial. Desde el Gobierno sostienen que la medida busca modernizar el control del presentismo estatal, pero los gremios cuestionan la prioridad presupuestaria en un contexto de reclamos por salarios, infraestructura, insumos y falta de personal.
La preocupación principal no pasa sólo por el control horario. El reconocimiento facial implica el uso de datos biométricos, una de las formas más sensibles de información personal. A diferencia de una contraseña, una huella facial no puede cambiarse si se filtra o se utiliza de manera indebida.
Por eso, sectores gremiales y opositores reclaman conocer dónde se almacenarán esos datos, quién tendrá acceso, qué protocolos de seguridad se aplicarán y qué garantías existen para evitar usos distintos al objetivo original.
El negocio detrás de la identidad digital
La polémica también apunta al entramado empresario que rodea a Airata SA. Según la reconstrucción periodística, la firma aparece vinculada al desarrollo de plataformas de identidad digital y biometría, entre ellas MIAid, un sistema que permite autenticar personas mediante reconocimiento facial, firma biométrica y credenciales digitales.
El artículo también menciona conexiones comerciales con OCP Tech y nombres del ecosistema tecnológico cercano al oficialismo nacional, como Gabriel Pablo De Simone, Federico Haymes Biedma, Leonardo Scatturice y Santiago Caputo. Aunque no hay documentación pública que pruebe una intervención directa del Gobierno nacional en la contratación rionegrina, la aparición de esos nombres suma presión política sobre el expediente.
El punto central sigue siendo la transparencia. Si la Provincia decidió avanzar con una herramienta tecnológica para controlar a miles de trabajadores estatales, debería explicar con precisión cómo se adjudicó el servicio, cuántas empresas compitieron, qué criterios técnicos se usaron y qué responsabilidades asumirá la contratista sobre los datos personales.
La digitalización del Estado puede mejorar procesos y reducir irregularidades, pero también puede convertirse en un problema si se aplica sin controles claros. En este caso, el desafío para el Gobierno de Alberto Weretilneck será demostrar que detrás del control facial no hay sólo un contrato millonario, sino un procedimiento transparente y garantías reales para proteger la información de los trabajadores.
