Judiciales
03/07/2026 - Edición Nº2767
Río Negro
Empleo público en Río Negro
ATE apura el pase a planta en Río Negro antes de 2027
10:32 |El gremio pidió acelerar el trámite para 4.200 estatales y evitar que el proceso quede cruzado por sospechas electorales.
ATE Río Negro reclama que el pase a planta se concrete antes de fin de año.
El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, pidió celeridad en el proceso de pase a planta permanente de trabajadores estatales y reclamó que el trámite quede finalizado antes de 2027.
El dirigente calificó como “histórica” la incorporación de unos 4.200 empleados públicos a la planta permanente provincial y sostuvo que el objetivo es terminar con la precarización laboral dentro del Estado.
El gremio quiere evitar demoras
Uno de los puntos centrales del reclamo es el plazo de implementación. Según Vicente, procesos anteriores llegaron a demorar alrededor de ocho meses, por lo que ATE busca que esta vez el esquema avance con mayor rapidez.
Para lograrlo, el gremio pidió al Ejecutivo provincial que utilice herramientas virtuales y nuevas tecnologías a través del IPAP, con el objetivo de agilizar los exámenes y reducir demoras administrativas.
El proyecto de ley ingresaría a la Legislatura en los primeros días de julio y podría tratarse durante la primera semana de agosto.
Estabilidad laboral, no aumento del gasto
Vicente también respondió a las críticas opositoras que cuestionan el impacto fiscal de la medida. Según explicó, el pase a planta no implica sumar nuevos trabajadores ni crear nuevos salarios, ya que se trata de empleados que actualmente cumplen funciones y cobran sus haberes.
La diferencia, remarcó, es jurídica y laboral: dejar de renovar contratos cada pocos meses y acceder a estabilidad dentro de la administración pública.
El proceso alcanzará a cerca del 25% de la planta estatal, incluyendo trabajadores que ingresaron durante la pandemia en áreas críticas como Salud. Los exámenes incluirán contenidos generales sobre normativa provincial y temas específicos según cada sector.
La discusión deja planteado un debate de fondo: ordenar la situación laboral de miles de estatales es una deuda del Estado, pero el Gobierno deberá garantizar un proceso transparente, rápido y sin uso electoral.
