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08/07/2026 - Edición Nº2772
Río Negro
Crisis institucional en Allen
Allen suspendió a Román y abrió una crisis institucional
17:07 |El Concejo apartó provisoriamente a Marcelo Román mientras avanza la causa penal por peculado y administración fraudulenta.
Marcelo Román fue suspendido por el Concejo Deliberante y será reemplazado por Fabián Figueroa.
El Concejo Deliberante de Allen aprobó la suspensión provisoria del intendente Marcelo Román, de La Libertad Avanza, en medio de la causa penal que lo investiga por presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta.
La ordenanza fue aprobada por seis votos afirmativos y tres negativos. Mientras dure la medida, el Ejecutivo municipal quedará a cargo del presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa, de UCR Auténtica.
Una decisión apoyada en la Carta Orgánica
La suspensión se basó en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que prevé la intervención del Concejo cuando un funcionario municipal queda alcanzado por una causa penal.
El dictamen del asesor legal del cuerpo, Néstor Soler, sostuvo que la permanencia de Román en el cargo podía afectar la producción de pruebas pendientes, entre ellas testimonios de empleados y pericias contables.
La ordenanza establece que el intendente permanecerá apartado hasta que exista una sentencia definitiva. Durante ese período no percibirá dieta ni remuneración. Si resulta absuelto, podrá recuperar automáticamente el cargo; si hay condena firme, corresponderá su destitución.
Golpe institucional o control político
Desde el oficialismo local rechazaron la medida y hablaron de un “golpe institucional”. La concejala Valeria Bezic cuestionó que el Concejo avance sobre una situación que, según planteó, debería resolver la Justicia.
La oposición defendió la decisión como una forma de resguardar la institucionalidad y evitar que la investigación quede condicionada por la permanencia del intendente en el poder. Los concejales que impulsaron la suspensión remarcaron que no están condenando a Román, sino aplicando el mecanismo previsto por la normativa municipal.
El caso comenzó a escalar el 18 de junio, cuando la jueza de Garantías Natalia González formuló cargos contra Román y el empresario Sebastián Ocampo por la compra de un teléfono celular con fondos municipales y su posterior entrega al propietario de medios.
La crisis deja a Allen ante un escenario delicado: un intendente suspendido, una investigación penal en marcha y un municipio que deberá sostener la gestión mientras se define si la decisión del Concejo fue un acto de control institucional o el inicio de una fractura política más profunda.
