Empleo público en Río Negro
13/07/2026 - Edición Nº2777
Río Negro
Empleo público en Río Negro
Buscan regular descuentos salariales a empleados públicos
10:30 |El proyecto fija controles a créditos con cobro por planilla, exige contratos transparentes y limita costos financieros.
La iniciativa apunta a proteger el salario estatal frente al sobreendeudamiento.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca regular los descuentos que se aplican sobre los salarios de empleados públicos provinciales, especialmente aquellos vinculados a créditos otorgados por entidades que cobran directamente a través del recibo de sueldo.
La iniciativa apunta a establecer un marco de control para evitar abusos, sobreendeudamiento y costos financieros desproporcionados. El eje del planteo es que, si el Estado provincial actúa como agente de retención, también debe garantizar transparencia y protección sobre los ingresos de sus trabajadores.
Créditos con reglas más claras
El proyecto exige que las entidades crediticias informen de manera completa las condiciones de cada contrato: monto financiado, cantidad de cuotas, sistema de amortización, tasas aplicadas y Costo Financiero Total.
También propone que sólo puedan autorizarse descuentos cuando el costo del préstamo respete parámetros objetivos de mercado. De ese modo, el Estado dejaría de facilitar el cobro automático de créditos con condiciones abusivas o poco claras.
Un registro público de prestadoras
La propuesta fue impulsada por Leandro García, con acompañamiento de Alejandra Más, Daniel Belloso, Luis Ivancich y Pedro Dantas, del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro.
El texto también plantea que todo descuento salarial cuente con autorización expresa, escrita e individual del trabajador. Además, crea un Registro Provincial de Entidades Autorizadas, de acceso público y digital, donde deberán figurar las prestadoras habilitadas, las tasas vigentes, sanciones, suspensiones y revocaciones.
La discusión toca un punto sensible: el salario público no puede convertirse en garantía automática para negocios financieros sin control. Regular estos descuentos no implica impedir el acceso al crédito, sino ordenar una práctica que, sin límites claros, puede terminar comprometiendo buena parte del ingreso mensual de los trabajadores estatales.
