La crisis institucional en Allen sumó un nuevo capítulo. El intendente suspendido Marcelo Román presentó un veto contra la ordenanza que dispuso su apartamiento provisorio del cargo, pero el Concejo Deliberante rechazó el ingreso de la documentación por mesa de entradas.
La decisión profundizó el conflicto entre el Ejecutivo municipal y el cuerpo legislativo, en medio de la causa penal que investiga a Román por presunto peculado y administración fraudulenta.
Román sostuvo que se presentó para ejercer su derecho al veto y cuestionó que el Concejo no recibiera la documentación. Según explicó, el rechazo fue fundamentado en el reglamento interno del cuerpo.
Desde la Presidencia del Legislativo, en cambio, entienden que no corresponde admitir un veto sobre una ordenanza que afecta directamente las funciones de quien pretende ejercer esa facultad.
El intendente rechazó esa interpretación y afirmó que la Carta Orgánica Municipal sólo contempla la posibilidad de veto total o parcial dentro de los diez días posteriores a la sanción de una ordenanza.
Como respuesta, Román anticipó que incorporará el rechazo del Concejo a su presentación judicial, donde pide que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza que lo suspendió.
El Superior Tribunal de Justicia ya rechazó la medida cautelar solicitada por el jefe comunal, aunque habilitó la feria judicial para acelerar el tratamiento del planteo de fondo.
El caso mantiene a Allen en una situación delicada: un intendente suspendido, un Concejo que defiende su decisión y una Justicia que todavía debe resolver si la ordenanza es válida. Mientras tanto, la discusión política dejó de girar sólo en torno a la causa penal y pasó a concentrarse en los límites institucionales entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal.