La administración del gobernador Alberto Weretilneck se encuentra nuevamente en el centro del debate político tras la difusión de la resolución 581/2026 de la Secretaría General de la Gobernación. Mediante este acto administrativo, el Gobierno de Río Negro aprobó el pago de 35.785.000 pesos para la contratación directa de una aeronave privada que trasladó al mandatario provincial hacia la provincia de Catamarca, con fondos provenientes de Rentas Generales del Estado.
El itinerario oficial se cumplió entre el 17 y el 18 de julio, cubriendo la ruta entre San Fernando, Catamarca y Neuquén. Desde el Poder Ejecutivo justificaron la operación aduciendo motivos de urgencia ante compromisos institucionales sobrevinientes y la falta de disponibilidad de pasajes en líneas aéreas comerciales para participar de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y de encuentros de trabajo con autoridades del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el gobernador catamarqueño Raúl Jalil.
La difusión del monto abonado generó un inmediato rechazo en el arco político opositor. El legislador Santiago Ibarrolaza, referente del espacio que conduce Aníbal Tortoriello, cuestionó con dureza el uso de los recursos públicos en un contexto provincial marcado por reclamos de recomposición salarial, deficiencias en los centros de salud y problemas edilicios en establecimientos educativos. Ibarrolaza enfatizó que la función de gobernar exige establecer prioridades claras y puso en duda el beneficio concreto que este traslado representa para los ciudadanos rionegrinos.
Por su parte, el oficialismo defendió la agenda desplegada en el norte argentino argumentando que la presencia de Weretilneck permitió afianzar vínculos de financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Al respecto, el propio gobernador sostuvo que el trabajo articulado entre provincias resulta indispensable para consolidar un esquema federal y promover el desarrollo productivo regional.
Un aspecto central de la controversia radica en la firma seleccionada para prestar el servicio. La adjudicación recayó en la empresa Aerovida SA, la misma compañía que tiempo atrás resultó favorecida en el proceso licitatorio mediante el cual el Estado rionegrino vendió su avión sanitario. En esta oportunidad, la firma compitió en un cotejo de precios junto a Servicios Aéreos Protagónicos SA, Altair Aviation Group SRL y Pampa Jet SA, resultando elegida por presentar la cotización de menor valor.
El episodio reavivó los planteos sobre las contrataciones aeronáuticas de la provincia, recordando antecedentes como el intento frustrado de arrendamiento de un chárter en 2024 por 63.000 dólares y la contratación de helicópteros para el combate de incendios. Sectores de la oposición anticiparon que solicitarán informes detallados sobre la recurrencia de estos procedimientos excepcionales y el volumen total de fondos destinados al alquiler de transporte aéreo privado.