por Redacción
La Legislatura de Río Negro se prepara para una semana decisiva que podría marcar un punto de inflexión en la gestión del gobernador Alberto Weretilneck. El proyecto que habilita el pase a planta permanente de unos 4200 trabajadores estatales llegará al recinto este jueves, pero su tratamiento previo ya anticipa un debate complejo.
Las comisiones comenzaron a analizar la iniciativa junto a otros proyectos, en una agenda cargada que continuará con el plenario de comisiones, la reunión de Labor Parlamentaria y finalmente la sesión ordinaria convocada por el vicegobernador Pedro Pesatti. A diferencia de otros momentos, el oficialismo no tiene asegurado un trámite sencillo.
El panorama en la Legislatura cambió en los últimos meses. Juntos Somos Río Negro ya no cuenta con la comodidad de mayorías amplias y enfrenta un escenario donde la oposición aparece más articulada y con capacidad de condicionar las iniciativas del Ejecutivo.
El principal foco de conflicto se encuentra en los bloques de La Libertad Avanza y Cambia Río Negro, que adelantaron su rechazo al proyecto. A ese espacio podría sumarse el legislador Daniel Sanguinetti, lo que complicaría aún más el poroteo para el oficialismo.

La tensión no se limita al pase a planta. También se reavivó la disputa por el reconocimiento formal de los bloques opositores dentro de la Legislatura, un reclamo que el oficialismo volvió a rechazar.
“Esta sesión no y nunca. El tema ya se trató, se resolvió”, afirmó el presidente del bloque oficialista, Facundo López, al descartar esa posibilidad. Desde la oposición interpretan esta negativa como una estrategia para limitar su peso político dentro del recinto.

El pase a planta permanente genera cuestionamientos por parte de los sectores opositores, que lo consideran una medida con “fuerte componente electoral”. En ese sentido, recuerdan que en 2023 el propio Weretilneck había rechazado una iniciativa similar impulsada por la entonces gobernadora Arabela Carreras.
Desde el gobierno provincial niegan esas acusaciones y sostienen que se trata de un proceso de reorganización administrativa que busca regularizar la situación de trabajadores que ya cumplen funciones en el Estado.

En términos numéricos, el oficialismo cuenta con 17 legisladores propios y confía en el acompañamiento de aliados como la Coalición Cívica ARI y la UCR. Sin embargo, existen dudas sobre la postura del PRO, cuyos votos podrían ser determinantes.
En este contexto, los bloques peronistas aparecen como árbitros de la votación. Tanto Vamos con Todos como PJ-Nuevo Encuentro aún no definieron su postura final, aunque históricamente han respaldado iniciativas vinculadas a derechos laborales.
Más allá del resultado, el debate del jueves dejará una señal clara sobre el nuevo equilibrio de fuerzas en la Legislatura. El oficialismo podría verse obligado a negociar con sectores que hasta hace poco quedaban al margen de las decisiones clave.
El tratamiento del pase a planta no solo definirá la situación de miles de trabajadores, sino que también funcionará como termómetro del poder político de Weretilneck en una etapa donde las mayorías automáticas parecen haber quedado atrás.