por Redacción
El contraste no es menor: en un contexto nacional atravesado por la discusión sobre flexibilizar los límites a la propiedad extranjera, las provincias comienzan a fijar posiciones propias. Allí es donde emergen dos estrategias distintas sobre el control del territorio y el uso de los recursos.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, decidió avanzar con un proyecto para restringir el acceso a tierras fiscales exclusivamente a ciudadanos argentinos. La iniciativa apunta a que esos terrenos solo puedan venderse, adjudicarse o arrendarse a personas o empresas nacionales, reforzando el control local sobre recursos estratégicos.
La postura fue explicitada con claridad política. “Las tierras neuquinas solo podrán ser vendidas a argentinos”, sostuvo el mandatario al presentar la iniciativa, en línea con un enfoque que prioriza la soberanía territorial por sobre la apertura a capitales externos.
La medida se da en paralelo al debate nacional, donde incluso se analizan modificaciones a la ley vigente que podrían ampliar el límite de tierras en manos extranjeras, hoy fijado en el 15% del territorio rural.
En contraste, Alberto Weretilneck no impulsó cambios estructurales en Río Negro y mantiene una postura más cautelosa frente al tema. Según planteó el propio gobernador, en la provincia no se detectan actualmente situaciones que vulneren la legislación vigente.
“No tenemos registrado propiedades en la provincia a manos de sociedades extranjeras”, afirmó, relativizando la necesidad de avanzar con nuevas restricciones en el corto plazo.
La ley nacional, sancionada en 2011, ya establece límites claros a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, fijando un tope del 15% a nivel nacional, provincial y municipal.

La diferencia entre ambas gestiones refleja dos miradas sobre un mismo problema: mientras Neuquén busca anticiparse a posibles escenarios de apertura con regulaciones más duras, Río Negro opta por sostener el esquema actual y evaluar eventuales cambios en función de la evolución del contexto nacional.
En ese marco, la discusión de fondo excede lo jurídico. Se trata de definir hasta qué punto las provincias están dispuestas a ceder margen frente a inversiones extranjeras o, por el contrario, reforzar mecanismos de control sobre la tierra como recurso estratégico.
El posicionamiento de Figueroa y Weretilneck no solo marca una diferencia política, sino también una señal hacia el futuro: en un escenario donde la presión por flexibilizar normas crece, las decisiones provinciales pueden convertirse en la última barrera —o en la puerta de entrada— para el avance de capitales externos sobre el territorio patagónico.