por Redacción
La Universidad Nacional de Río Negro expresó su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se debate en el Senado de la Nación. A través de un posicionamiento institucional, la casa de estudios cuestionó el impacto que la iniciativa podría tener sobre la soberanía territorial y el control de los recursos naturales.
Desde la institución señalaron que la propuesta representa una “amenaza directa” para el resguardo del ambiente y los activos estratégicos del país, al tiempo que advirtieron sobre las consecuencias de una eventual desregulación en el acceso a la tierra.

En su pronunciamiento, la universidad sostuvo que fomentar la concentración de bienes comunes y la extranjerización del suelo profundiza la dependencia económica y debilita el dominio territorial. Además, alertó que esa dinámica podría afectar a pequeños productores, sectores populares y comunidades originarias.
“El territorio no puede ser reducido a un simple activo financiero ni a una mercancía sujeta a la especulación global”, remarcaron desde la institución, al cuestionar el enfoque del proyecto.

El documento pone especial énfasis en la situación de la región patagónica, donde existen áreas de alto valor geopolítico, como zonas fronterizas, cuencas hídricas, acuíferos y territorios con potencial minero.
Según indicaron, la concentración de tierras en estos espacios estratégicos se inserta en una disputa global por recursos naturales, lo que podría derivar en mayores niveles de subordinación económica si no existen regulaciones claras.
La Universidad de Río Negro destacó que cuenta con carreras y equipos de investigación que trabajan sobre problemáticas ambientales, sociales y territoriales, lo que le permite advertir sobre los riesgos de la iniciativa.
En ese sentido, plantearon que la posible transferencia de tierras a manos extranjeras y la utilización de jurisdicciones legales fuera del país constituyen aspectos críticos del proyecto.
Finalmente, la institución instó a los legisladores nacionales a rechazar la iniciativa y priorizar la defensa de la soberanía. “Es imperativo que las instituciones de ciencia y técnica contribuyan a la defensa de los derechos humanos y de la soberanía nacional”, señalaron.
El debate en el Senado se desarrolla en un contexto de creciente discusión sobre el control de los recursos estratégicos y el rol del Estado en la regulación del acceso a la tierra, con especial impacto en regiones como la Patagonia.