07/08/2026 - Edición Nº2802
Nacional
Furia y represión en el Senado: el oficialismo logra una media sanción mutilada de la Ley de Propiedad Privada
08:21 |Con incidentes en las calles y una ajustada mayoría, La Libertad Avanza aprobó el proyecto diseñado por Federico Sturzenegger. Para evitar un rotundo fracaso, el Gobierno debió retirar los capítulos sobre extranjerización de tierras y manejo del fuego minutos antes de la votación final.
En una jornada parlamentaria maratónica y fuertemente atravesada por la extrema tensión social, el Senado de la Nación otorgó esta madrugada la media sanción al polémico proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, redactada íntegramente por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, obtuvo treinta y siete votos a favor frente a treinta y tres rechazos. Este ajustado triunfo en la Cámara Alta se logró únicamente gracias al acompañamiento de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y diversos espacios provinciales como La Neuquinidad y Despierta Chubut.
A pesar de haber logrado sortear el complejo filtro del recinto legislativo, el resultado final en el tablero electrónico representa un enorme desgaste político y una victoria pírrica para la administración central de Javier Milei. El texto original fue sistemáticamente despedazado durante las frenéticas negociaciones de pasillo, exponiendo la innegable fragilidad parlamentaria de La Libertad Avanza para imponer su agenda de reformas estructurales sin tener que realizar altísimas concesiones ante las exigencias de los senadores aliados y la creciente presión de la movilización popular que rodeó el Congreso.
El costo político de los aliados y los capítulos eliminados
La dinámica de la extensa sesión obligó al bloque libertario a retroceder de manera constante y desprolija para evitar el naufragio total del dictamen gubernamental. Minutos antes de las catorce horas, horario pautado para el inicio del debate formal, el oficialismo se vio forzado a distribuir una versión modificada que ya excluía el controvertido capítulo tres.
Dicho apartado facilitaba abiertamente la venta de grandes extensiones de tierras rurales a capitales extranjeros, una audaz iniciativa que había desatado una virtual rebelión de los propios mandatarios provinciales aliados a la Casa Rosada.
El estrepitoso fracaso de las modificaciones ambientales
Sin embargo, las drásticas mutilaciones al texto oficialista continuaron hasta el último segundo de los cruces verbales en el recinto. Pasadas las veintiuna horas, quedó en absoluta evidencia que el partido gobernante tampoco contaba con las adhesiones necesarias para sostener las desregulaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
Tras las duras advertencias de legisladores oficialistas y opositores, el senador radical Maximiliano Abad fulminó ese tramo normativo argumentando en su discurso que el texto "está viciado de inconstitucionalidad, que va a ser materia de discusión judicial y la seguridad jurídica, que este proyecto viene a buscar, se debilita", un planteo que obligó al Poder Ejecutivo a amputar ese articulado a escasos instantes de votar.
Desalojos exprés y blindaje contra expropiaciones estatales
La versión definitiva que logró sobrevivir al Senado y será girada a la Cámara de Diputados concentra ahora su peso en dos ejes centrales que impactarán fuertemente en la vida civil y el mercado inmobiliario. Respecto a la delicada situación de los inquilinos en el marco de la recesión económica, el proyecto introduce modificaciones directas al Código Procesal Civil y Comercial para agilizar la expulsión de los ocupantes morosos.
La nueva letra de la ley determina que el locador tendrá apenas diez días corridos para percibir un pago atrasado antes de quedar habilitado a iniciar una acción de desalojo mediante un procedimiento judicial de carácter sumarísimo.
Tensión extrema y una violenta cacería policial en las calles
En paralelo, la flamante normativa impone criterios extremadamente rígidos e inflexibles para encarecer y desmotivar futuras expropiaciones por parte del Estado Nacional, estableciendo que cualquier declaración de utilidad pública deberá tener a partir de ahora una interpretación estrictamente restrictiva.
Todo este intrincado debate de escritorio se desarrolló en perfecta sintonía con un escenario de altísima conflictividad en el espacio público; mientras los legisladores pactaban los recortes al dictamen, las inmediaciones del Palacio Legislativo fueron el escenario de un violento operativo represivo ejecutado por las fuerzas de seguridad nacionales, las cuales avanzaron de forma descontrolada para dispersar a la masiva protesta social y sellaron así la primera aprobación de esta controvertida legislación.
