Lago Escondido: la derrota del Estado frente a un poder que nunca dejó de ganar

A esta altura, Lago Escondido ya no es un conflicto. Es una evidencia. La evidencia de que el Estado argentino, en todos sus niveles, eligió no resolver un problema que nunca fue técnico ni jurídico, sino político. Porque si algo quedó claro en estos treinta años es que no faltaron fallos, ni leyes, ni diagnósticos: lo que faltó fue voluntad.

Desde la llegada de Joe Lewis en los años noventa hasta hoy, el patrón se repite con una precisión incómoda. Cambiaron los presidentes —Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei— y también los gobernadores rionegrinos. Pero el resultado fue siempre el mismo: el acceso público al lago sigue sin garantizarse.
 

Una continuidad que ya no admite excusas

Durante años se intentó explicar el caso como una anomalía, una zona gris o un conflicto complejo. Hoy esa narrativa ya no se sostiene. Cuando un problema sobrevive intacto a seis presidencias y múltiples gestiones provinciales, deja de ser una excepción para convertirse en regla.

Lo que ocurrió en Lago Escondido no fue un descuido del Estado, sino una forma de funcionamiento. Cada gobierno, con su estilo, encontró la manera de no alterar un equilibrio que favoreció sistemáticamente al mismo actor. A veces fue por afinidad, otras por conveniencia y muchas, simplemente, por decisión de no confrontar.
 

Fallos que no se cumplen, decisiones que sí

La Justicia habló. Varias veces. Ordenó garantizar el acceso, definió caminos, estableció criterios. Sin embargo, nada de eso se tradujo en una política efectiva. En los hechos, los fallos quedaron encapsulados en expedientes mientras la realidad siguió intacta.

La brecha entre lo que el Estado dice y lo que hace es, en este caso, total. Y esa brecha no es inocua: es el mecanismo que permitió sostener durante décadas una situación que, en cualquier otro contexto, sería rápidamente corregida.
 

Milei no rompió el esquema: lo confirmó

Si quedaba alguna expectativa de cambio, la gestión de Javier Milei la terminó de disipar. El cierre de la demanda judicial contra Hidden Lake no fue un hecho aislado, sino la confirmación explícita de una lógica que viene de larga data: cuando llega el momento de elegir, el Estado retrocede.

Lejos de representar una ruptura, la decisión del gobierno libertario blanqueó lo que antes se administraba con mayor discreción. Donde otros gobiernos dilataron, este directamente cerró. El resultado es el mismo, pero ahora sin matices.

Lago Escondido como síntoma

El problema, entonces, ya no es solo Lago Escondido. Es lo que representa. Un caso donde la ley existe pero no se aplica, donde las decisiones judiciales no se ejecutan y donde la política elige no intervenir.

Por eso, más que un conflicto territorial, se trata de un síntoma profundo: el de un Estado que, frente a determinados poderes, deja de ejercer como tal. Y cuando eso ocurre durante treinta años, ya no se puede hablar de incapacidad. Se trata, claramente, de otra cosa.