por Redacción
La desaparición de varios folios del expediente correspondiente al proyecto GUAPA, impulsado por la concejal Silvina Franco para crear una patrulla ambiental, generó una investigación administrativa dentro del Concejo Deliberante de Viedma. El caso comenzó con la falta de documentación en el expediente y ahora también pone bajo análisis la actuación política de la propia autora de la iniciativa.
En diálogo con FM de la Costa, el concejal Julián Algañaras, de Vamos con Todos, explicó que el expediente estuvo durante casi tres meses en poder del secretario de bloque Lucas Roche, quien posteriormente declaró en el marco del sumario interno que había devuelto la documentación completa.
El folio faltante contenía el dictamen del Poder Ejecutivo Municipal sobre el proyecto. Según lo señalado durante la investigación, el Ejecutivo había advertido que la iniciativa no era viable debido a la superposición de funciones con otras áreas municipales y a la falta de recursos para financiar una nueva estructura.
Al revisar las versiones taquigráficas y las grabaciones de las reuniones de comisión, los concejales detectaron que esa observación no habría sido puesta en conocimiento de todos los integrantes antes de la votación. Franco era presidenta de la Comisión de Ambiente y, además, autora del proyecto.
“Franco tuvo el expediente en mano durante tres meses y no podía omitir lo más importante de su propio proyecto, que era que el Ejecutivo le decía que no era viable”, afirmó Algañaras.
El concejal sostuvo además que el caso excede la desaparición de documentación y cuestionó el modo en que se habría desarrollado el tratamiento parlamentario. “Ya no es solo el problema de las cinco hojas de un expediente, sino la falta de verdad, la falta de responsabilidad y cómo se indujo a la comisión para tener un voto favorable sabiendo que tenían una observación negativa”, señaló.

La investigación también quedó atravesada por un episodio ocurrido dentro del edificio legislativo. Algañaras denunció que Franco ingresó a su oficina acompañada por colaboradores para solicitarle que firmara una nota en respaldo de Lucas Roche, a quien se habría acusado de sufrir una persecución política.
“Se me metieron a la oficina a apretarme para que les firme una nota diciendo que Lucas Roche sufría persecución política. Les dije que no y les pedí que se retiren. Fue un arrebato, algo que tampoco se vive normalmente en este Concejo”, relató el concejal.
El episodio sumó tensión a una investigación que ya había generado cruces entre distintos integrantes del cuerpo deliberativo y que ahora deberá avanzar con el análisis de la documentación, las declaraciones y los registros de las reuniones.
Consultado sobre las posibles consecuencias institucionales para Franco, Algañaras no descartó que el Concejo pueda analizar una sanción disciplinaria. La definición dependerá del tratamiento que realice Labor Parlamentaria y de las decisiones que adopte el presidente del cuerpo, Pedro Bichara, una vez evaluados los elementos incorporados al expediente.
“Entendemos que dentro de las responsabilidades que todos tenemos hay una falta muy grande. En la labor parlamentaria se va a evaluar dentro del cuerpo colegiado. Puede haber una voluntad política de aplicar una suspensión de la actividad de la concejal”, sostuvo.
Por el momento, la investigación continúa en el ámbito del Concejo Deliberante de Viedma. La existencia de los folios faltantes y las actuaciones administrativas forman parte del expediente, mientras que las responsabilidades individuales y eventuales sanciones deberán determinarse a partir del análisis formal de la documentación y las pruebas reunidas.