El uso del espacio urbano en la capital rionegrina quedó en el centro de la escena tras revelarse un relevamiento oficial que constató la existencia de más de 200 lugares de estacionamiento reservados para organismos del Estado nacional, provincial y municipal en el micro y macrocentro de la ciudad. La proliferación de dársenas exclusivas abrió un intenso debate vecinal frente a la dificultad diaria que enfrentan los ciudadanos comunes para encontrar celdas libres dentro de la zona tarifada.
Frente a este escenario, los concejales Julián Algañarás y Lorena Jesica Alan, integrantes del bloque Vamos con Todos, presentaron un proyecto legislativo en el Concejo Deliberante de Viedma para terminar con las asimetrías en la vía pública. La iniciativa propone reformar de manera integral los artículos 8° y 9° de la Ordenanza 6304, normativa que regula el sistema de estacionamiento medido y pago, para prohibir que las dependencias públicas retengan sectores reservados para su personal o vehículos oficiales.
Los autores de la propuesta fundamentaron que la fisonomía administrativa de Viedma concentra una cantidad excepcional de edificios gubernamentales, lo que agrava la falta de espacio para los vecinos que deben circular y abonar la tarifa correspondiente. Asimismo, el proyecto cuestiona que muchas de estas reservas oficiales permanecen desocupadas durante largas horas de la mañana, quedando totalmente bloqueadas para el uso general de la comunidad sin brindar ningún fin operativo real.
En sintonía con este reclamo, el abogado y vicepresidente de La Libertad Avanza en Río Negro, Damián Torres, respaldó la necesidad de terminar con estas prerrogativas dentro del casco céntrico capitalino:
"No tenés más privilegios que cualquier ciudadano común, lo que tenés es que cumplir un rol específicamente por un determinado período. Tenemos que romper con la mentalidad administrativa en Viedma".
El proyecto legislativo aclara que la eliminación de las reservas no será absoluta, ya que se mantendrán excepciones operativas estrictas para ambulancias, personas con discapacidad, fuerzas de seguridad en servicio, emergencias médicas y zonas de carga y descarga técnica. No obstante, el texto prohíbe de forma expresa que dichas excepciones sean utilizadas como estacionamiento habitual por parte de directivos, funcionarios o empleados públicos.
Por último, la reglamentación contempla prohibir las reservas informales efectuadas mediante conos, vallas o personal de custodia sin aval normativo, exigiendo un acto administrativo fundado y cartelería visible con tiempos máximos de permanencia para cada caso autorizado. De ser aprobada la iniciativa, la Municipalidad de Viedma —que administra de forma directa el sistema medido desde el pasado 16 de marzo— dispondrá de un plazo perentorio de 30 días para relevar la totalidad de las dársenas del centro y retirar la señalización contraria a la norma.