Malestar en Salud por el fichaje facial: trabajadores cuestionan el uso obligatorio de sus celulares

La implementación del nuevo sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial generó malestar entre trabajadores del Ministerio de Salud de Río Negro. Este miércoles, alrededor de 50 agentes participaron de una asamblea en la sede central de la cartera sanitaria, donde cuestionaron la decisión de reemplazar los dispositivos físicos por una aplicación que deberá instalarse en los teléfonos celulares particulares.

La medida surge de la Resolución N.º 986/2026 de la Secretaría de la Función Pública, que establece un plazo de 15 días corridos desde el 18 de agosto para completar el enrolamiento. A partir del 1° de septiembre, el sistema biométrico mediante aplicación será obligatorio y constituirá el único mecanismo válido para registrar ingresos, egresos y salidas intermedias. La disposición alcanza a unos 300 trabajadores del Nivel Central y URESA.

El principal cuestionamiento de los empleados no está vinculado solamente con el control de asistencia, sino con qué ocurrirá con los datos biométricos que deberán entregar. Los delegados de UPCN, Noemí Salazar y Marcelo Tinta, señalaron que hasta el momento no recibieron información suficiente sobre quién administrará esa información, dónde será almacenada ni cuáles serán las garantías de seguridad.

“Nos mandaron una resolución para que a partir del 1° de septiembre empecemos a fichar con el reloj biométrico, pero no nos han dicho absolutamente nada de quiénes van a resguardar nuestros datos personales”, sostuvo Salazar. También cuestionó la modalidad de comunicación adoptada por las autoridades: “Todo se baja por WhatsApp; ningún funcionario da la cara ni hay diálogo persona a persona”.


 

El celular particular, en el centro de la discusión

Hasta ahora, los trabajadores registraban su asistencia mediante lectores de huella instalados físicamente en el edificio. El nuevo esquema modifica esa lógica y traslada parte del mecanismo de control al dispositivo personal de cada empleado.

Tinta cuestionó que el trabajador deba disponer de un teléfono compatible para cumplir una obligación laboral. “Hay compañeros con celulares viejos que no soportan la app y nadie tiene por qué poner su teléfono privado al servicio del Estado”, planteó.

El reclamo abre además una discusión sobre la eventual utilización de geolocalización y GPS. Los trabajadores expresaron preocupación ante la posibilidad de que la aplicación pueda recopilar información de ubicación más allá del momento específico en que se realiza el fichaje, aunque hasta el momento no se informó públicamente que el sistema vaya a utilizar esa función.

Por ese motivo, los empleados reclamaron que antes de la puesta en marcha del mecanismo se informe con precisión qué datos recopilará la aplicación, durante cuánto tiempo serán conservados, quién tendrá acceso a ellos y qué organismo o empresa estará a cargo de su administración.
 

Reclamo formal y asamblea permanente

La preocupación excedió a los afiliados sindicales. Según los delegados, trabajadores de distintas situaciones contractuales participaron de la presentación de notas dirigidas al Ministerio de Salud para dejar asentado su rechazo al nuevo sistema.

Entre los pedidos figuran la suspensión del fichaje obligatorio mediante la aplicación, la continuidad del sistema de huella dactilar existente y la entrega de información detallada sobre el tratamiento de los datos biométricos.

La discusión deja planteado un interrogante que va más allá de la modernización del control horario: hasta dónde puede el Estado trasladar a los trabajadores el costo tecnológico de una herramienta destinada a controlar su propia jornada laboral y qué límites deben existir cuando el mecanismo involucra datos biométricos y dispositivos personales.

Los trabajadores anticiparon que continuarán en estado de alerta y con asambleas mientras esperan una respuesta formal de las autoridades antes del comienzo de la obligatoriedad previsto para el 1° de septiembre.