Weretilneck licitó 30 viviendas en Viedma con una cooperativa que tenía retirada la autorización para funcionar

El Gobierno de Río Negro avanzó con la licitación para construir 30 viviendas en Viedma dentro del programa Camino a Casa, en una operatoria que involucra a la Cooperativa de Vivienda Santa Clara. La situación abrió serios interrogantes luego de conocerse documentación oficial sobre la situación administrativa de la entidad.

El 21 de agosto, durante la apertura de ofertas para la segunda etapa del proyecto, el Gobierno provincial recibió a representantes de la cooperativa y presentó públicamente a Felisario Melillán como su presidente.

Sin embargo, tres días después, el 24 de agosto, una disposición de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales describió una situación completamente diferente. El documento señala que la entidad no presenta “visos de regularidad” desde 2015 y se encuentra en una situación que, según la propia resolución, deriva en su disolución y liquidación.

La contradicción involucra a distintas áreas del mismo Poder Ejecutivo. Mientras el IPPV y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos avanzaban con el proyecto habitacional, el organismo provincial encargado de intervenir sobre cooperativas dejó asentada la grave situación administrativa de Santa Clara.

La entidad seleccionó a los futuros adjudicatarios

La participación de la cooperativa no fue secundaria. La primera etapa del programa contempló la construcción de 20 viviendas sobre terrenos vinculados a Santa Clara y las unidades fueron entregadas en marzo de este año.

El costo final informado para esa etapa fue de más de 1.671 millones de pesos, lo que representa un promedio superior a los 83 millones de pesos por cada vivienda de 36 metros cuadrados.

Para las 30 unidades restantes, el IPPV avanzó con una nueva licitación. El propio organismo informó que los futuros adjudicatarios ya habían sido seleccionados por la Cooperativa Santa Clara.

Ese dato coloca bajo discusión el alcance de las decisiones tomadas por la entidad. No sólo aportó los terrenos para el desarrollo del proyecto, sino que también intervino en la definición de las familias que accederían a viviendas financiadas con recursos públicos.

Hasta el momento, no se conocen públicamente los criterios de selección utilizados para definir a los adjudicatarios ni las actuaciones administrativas mediante las cuales el Estado provincial validó esas nóminas.
 

El retiro de autorización y la situación de Santa Clara

Según la documentación mencionada en las actuaciones, el INAES había dispuesto el retiro de la autorización para funcionar de la cooperativa mediante resoluciones dictadas durante 2024.

La disposición provincial 0222/2026, firmada el 24 de agosto por el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Martín Posse, sostiene además que la cooperativa acumulaba irregularidades documentales, contables y asamblearias desde hacía más de una década.

El texto es contundente al describir que la situación jurídica de la entidad no permitía un proceso ordinario de regularización y la ubicaba en un estado de disolución y liquidación.

La existencia de un recurso administrativo vinculado a esa situación deberá ser considerada para determinar el estado jurídico definitivo de la cooperativa. Pero la información disponible plantea igualmente una pregunta central: qué controles realizó el Estado antes de permitir que la entidad continuara formando parte de una operatoria habitacional millonaria.


 

Viviendas de 36 metros y ofertas por más de $2.900 millones

La apertura de sobres para las 30 viviendas restantes dejó además otro punto bajo análisis: los valores de las propuestas presentadas.

Oriente Construcciones ofertó más de 2.920 millones de pesos, mientras que Sylpa presentó una propuesta superior a los 3.177 millones. Los montos representan valores aproximados de entre 97 y 106 millones de pesos por cada vivienda.

Las unidades corresponden al mismo concepto de viviendas evolutivas de 36 metros cuadrados. De acuerdo con una comparación publicada por Noticias Río Negro, esos valores se ubicarían entre un 50 y un 64% por encima de referencias de viviendas nuevas y terminadas disponibles en el mercado local.

La comparación no implica por sí sola la existencia de un sobreprecio, ya que las obras públicas y las operaciones privadas tienen estructuras de costos diferentes. Tampoco la segunda etapa había sido adjudicada al momento de difundirse la información. Pero las diferencias obligan a explicar cómo se determinaron los presupuestos oficiales, qué costos contemplan las propuestas y cuáles son las características definitivas de las viviendas que se construirán.

A esto se suma que, según testimonios de adjudicatarios y la información difundida sobre la primera etapa, las viviendas fueron entregadas como unidades básicas y sin algunos artefactos, con la posibilidad de ser ampliadas posteriormente por sus propietarios.
 

Las explicaciones pendientes del Gobierno provincial

La situación plantea una serie de preguntas para el Gobierno de Alberto Weretilneck, el IPPV, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales.

Entre ellas, cuándo fue informado cada organismo sobre las resoluciones que afectaban a Santa Clara; qué controles se realizaron sobre su capacidad para continuar participando de la operatoria; bajo qué mecanismo seleccionó a los adjudicatarios y qué intervención tuvo el Estado en la validación de esas listas.

También deberá establecerse qué ocurriría con las familias seleccionadas y con los terrenos involucrados en caso de que la situación de disolución y liquidación de la cooperativa avance definitivamente.

El Gobierno provincial deberá aclarar, además, si existió comunicación entre los organismos que conocían la situación administrativa de Santa Clara y aquellos que continuaron desarrollando el programa habitacional.

No se trata sólo de una discusión burocrática. La operatoria involucra viviendas financiadas con fondos públicos, familias que esperan acceder a una solución habitacional y una cooperativa cuya capacidad para continuar actuando quedó cuestionada por documentación oficial.

La principal contradicción está expuesta: mientras una parte del Estado avanzaba públicamente con la Cooperativa Santa Clara como parte de un proyecto habitacional, otra dependencia provincial dejaba asentado, apenas días después, que la entidad arrastraba irregularidades desde 2015 y se encontraba en una situación que comprometía su continuidad jurídica.

Ahora será el Gobierno de Río Negro el que deberá explicar cómo ambas situaciones pudieron coexistir dentro de una misma operatoria y qué garantías existen para las familias involucradas y para el destino de los recursos públicos.