Tribunal de Cuentas: El 15 de septiembre se analizará la contratación de la empresa del cuñado de Castro

El escándalo por la contratación de los baños de la Feria Municipal tendrá una nueva instancia el próximo 15 de septiembre. Ese día, el Tribunal de Cuentas de Viedma tratará formalmente el expediente iniciado a partir de las denuncias por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra a Módulos Patagónicos S.A.S., una empresa vinculada familiarmente con el intendente Marcos Castro. El caso dejó de ser solamente una discusión política en el Concejo Deliberante. Ahora será el organismo de control el que deberá analizar la documentación y determinar si corresponde avanzar con actuaciones administrativas o si existen elementos que justifiquen una eventual intervención de la Justicia. La decisión pondrá bajo examen uno de los episodios más incómodos de la gestión municipal.


 

La contratación de los baños de Viedma y el vínculo con el entorno de Castro

La denuncia fue impulsada por el concejal Julián Algañarás, quien cuestionó el procedimiento de contratación y advirtió sobre una serie de situaciones que, según su planteo, deben ser investigadas. Entre ellas aparece el vínculo familiar entre uno de los responsables de la firma adjudicataria y el intendente.

Módulos Patagónicos S.A.S. resultó adjudicataria de una obra por más de $45 millones. La denuncia también puso bajo la lupa una diferencia mínima entre las ofertas presentadas, el tratamiento que recibió la recomendación de convocar a una mejora de precios y modificaciones posteriores vinculadas al destino y costo de la obra.

Para la oposición, la cuestión central no pasa por discutir la necesidad de contar con mejores instalaciones en la Feria Municipal, sino por establecer si la contratación se realizó con los controles y la transparencia que exige el manejo de fondos públicos. Algañarás sostuvo que se trata de una sucesión de hechos que deben ser analizados y no de un simple error administrativo.
 

El Tribunal de Cuentas deberá decidir si abre un sumario o deriva el caso

La reunión del 15 de septiembre será clave porque el Tribunal deberá definir el rumbo institucional del expediente. Una de las alternativas es profundizar la investigación mediante un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en el proceso.

La otra posibilidad es que, si el organismo considera que existen elementos que exceden la esfera administrativa y podrían constituir delitos de acción pública, las actuaciones sean remitidas al Ministerio Público Fiscal. Por ahora, no existe una definición sobre ninguna de esas dos vías y será el análisis del Tribunal el que determine los próximos pasos.

La relevancia política del caso está precisamente en ese punto: una contratación cuestionada por sus características y por los vínculos que rodean a la empresa adjudicataria ya no depende únicamente de las explicaciones del Ejecutivo municipal. El órgano encargado de controlar el uso de los recursos públicos deberá ahora fijar posición.
 

Castro negó irregularidades, pero las dudas siguen en el expediente

Desde el Municipio rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad del procedimiento. La gestión sostuvo que el concurso de precios se desarrolló conforme a la normativa, que participaron dos oferentes y que la adjudicación recayó en la propuesta de menor valor que cumplía con los requisitos establecidos. También remarcó que el expediente cuenta con unas 450 fojas y está a disposición del organismo de control.

Castro calificó los cuestionamientos como “fake news”, mientras que desde el Ejecutivo también acusaron a la oposición de impulsar una campaña de desgaste político. Sin embargo, el vínculo familiar reconocido alrededor de la empresa y las observaciones planteadas sobre el procedimiento mantuvieron el caso en el centro de la agenda pública. El 15 de septiembre llegará una primera definición institucional. Para Castro, será una prueba incómoda: después de semanas de explicaciones y cruces políticos, el expediente de los baños de la Feria quedará formalmente en manos de quienes deben determinar si las sospechas tienen sustento suficiente para avanzar o si la gestión puede dar por cerrado uno de los mayores cuestionamientos que enfrenta hasta ahora.