Hackeo al legajo de Weretilneck: archivaron la causa y la Fiscalía salió al cruce del juez

El caso que generó un fuerte ruido político en Río Negro volvió a cambiar de rumbo. La Justicia archivó la investigación por el presunto acceso al legajo personal del gobernador Alberto Weretilneck, después de que el juez Adrián Dvorzak aceptara el planteo de la defensa y considerara que los delitos investigados son de acción privada. La Fiscalía, sin embargo, ya presentó una revocatoria y busca mantener abierta la investigación.

La resolución no determina que el acceso denunciado no haya ocurrido ni establece que no exista delito. El propio magistrado aclaró que ordenó el archivo y no la desestimación porque “no estoy entrando en el fondo”. La discusión quedó concentrada, por ahora, en quién tiene facultades para impulsar la causa.


 

Un caso que empezó con la denuncia de un supuesto hackeo

La investigación se inició a fines de junio, cuando Weretilneck y la Fiscalía de Estado denunciaron una filtración de información reservada de los sistemas informáticos provinciales. Entre los datos extraídos aparecían recibos de sueldo de integrantes del Ejecutivo, incluido el del propio gobernador. ALTEC intervino para determinar desde qué equipo se había producido el acceso y señaló a un empleado como presunto responsable.

Pero el término “hackeo” quedó rápidamente en discusión. El presidente de ALTEC, Luis Ayestarán, explicó que la auditoría no había detectado una vulneración de la infraestructura tecnológica provincial y que el ingreso se produjo utilizando un usuario y una contraseña válidos. Según su explicación, el problema habría estado en la utilización de credenciales ajenas y no en una intrusión externa al sistema.

El episodio también tuvo una derivación política. En los días posteriores, el Gobierno vinculó el caso con la circulación de versiones sobre un supuesto allanamiento en Casa de Gobierno y con una información que Weretilneck calificó como “fake news”. La oposición cuestionó además la seguridad de los sistemas provinciales: 15 legisladores de distintos sectores presentaron un pedido de informes para conocer qué había ocurrido y qué medidas existían para proteger la información estatal.



 

El giro judicial que dejó a la Fiscalía afuera

La causa llegó a su primera audiencia la semana pasada. Allí, el defensor del único acusado, Santiago Güenomil, cuestionó la intervención del Ministerio Público y sostuvo que los delitos previstos en los artículos 153 bis y 157 bis del Código Penal debían ser impulsados por el afectado. También puso bajo discusión los peritajes realizados sobre la computadora que había sido retirada de Casa de Gobierno y posteriormente quedó bajo resguardo judicial.

Dvorzak terminó aceptando esa interpretación. Para el magistrado, las figuras investigadas quedaron comprendidas dentro de los delitos vinculados con la violación de secretos y la privacidad, por lo que el Ministerio Público no puede actuar de oficio. El efecto concreto fue el archivo de las actuaciones, aunque el propio fallo dejó abierta la posibilidad de que el caso sea impulsado por el damnificado.
 

La Fiscalía no da por cerrado el caso

La fiscal Yanina Estela cuestionó la interpretación y sostuvo que debe aplicarse la regla general del Código Penal: los delitos son de acción pública. Por eso presentó una revocatoria y dejó planteada la reserva para continuar la discusión en una instancia superior. El juez confirmó que la vía de revisión ya quedó abierta.

El nuevo escenario deja una particularidad política y judicial: un caso que comenzó como una denuncia del propio Gobierno por una supuesta filtración de información sensible del Estado terminó, por ahora, en una discusión sobre si la Fiscalía siquiera puede investigarlo de oficio. Y mientras esa cuestión no sea resuelta, todavía no existe una decisión judicial sobre la responsabilidad del acusado ni sobre el fondo del acceso a la información.

Además, el expediente conserva otro elemento que hizo ruido desde el comienzo: la propia empresa estatal encargada de la tecnología provincial descartó que hubiera existido un “hackeo” en sentido técnico y sostuvo que se ingresó mediante credenciales válidas. Ahora, la Justicia deberá definir primero quién puede llevar adelante la investigación antes de avanzar —si corresponde— sobre qué ocurrió realmente dentro de los sistemas del Estado.