Polémica por el Plan Camino a Casa
11/09/2026 - Edición Nº2837
Viedma
Viviendas
Cooperativa Santa Clara: crecen las dudas por las viviendas y la Legislatura exige respuestas
10:58 |La Legislatura pidió explicaciones al Gobierno por la participación de la cooperativa en 50 viviendas de Viedma y por los valores de la segunda etapa.
Santa Clara quedó bajo la lupa por su participación en el plan de viviendas.
por Redacción
La Cooperativa de Vivienda Santa Clara Ltda. quedó en el centro de un nuevo pedido de explicaciones en la Legislatura de Río Negro por su participación en un plan habitacional de 50 viviendas en Viedma. Quince legisladores opositores solicitaron información al Gobierno provincial sobre la situación institucional de la entidad, los controles realizados y las condiciones en las que continuó vinculada al proyecto.
El planteo pone el foco en una contradicción que atraviesa el expediente. Mientras la Provincia avanzó con la construcción de las viviendas a través del IPPV, documentación oficial cuestionó la situación jurídica de la cooperativa. Al mismo tiempo, el Gobierno confirmó públicamente la continuidad del proyecto y la licitación de las 30 unidades que completarán el plan.
Una cooperativa bajo cuestionamiento
El 21 de agosto, durante la apertura de ofertas para la segunda etapa, Felisario Melillán participó como presidente de la Cooperativa Santa Clara junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, el intendente Marcos Castro y otras autoridades provinciales y municipales. La licitación contempló 30 nuevas viviendas para completar las 50 previstas originalmente.
Sin embargo, días después apareció otro elemento que encendió las alarmas. La Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales emitió la Disposición 0222/2026, en la que cuestionó la situación de la entidad y señaló que no presentaba “visos de regularidad” desde 2015, además de ubicarla en un estado de disolución y liquidación.
La situación también está vinculada con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que había retirado la autorización de la cooperativa para funcionar. El pedido de informes busca determinar qué alcance tiene esa situación y, fundamentalmente, qué controles realizaron los organismos provinciales antes de permitir la continuidad de la operatoria.
Las dudas sobre las familias y los lotes
El Gobierno provincial informó que los adjudicatarios de las 30 nuevas viviendas fueron seleccionados por la propia Cooperativa Santa Clara, propietaria de los lotes donde se ejecutará la obra.
Por eso, los legisladores quieren conocer quién verificó la capacidad jurídica de la entidad, qué organismo controló la selección de los beneficiarios y bajo qué condiciones se mantuvo el convenio con la cooperativa.
También solicitaron documentación relacionada con las resoluciones del INAES, dictámenes jurídicos, contratos, terrenos, fondos públicos, rendiciones y controles efectuados durante el desarrollo del programa.
La discusión no se limita a la situación administrativa de la entidad. También apunta a determinar si los organismos provinciales cumplieron con todos los controles necesarios antes de comprometer nuevos recursos públicos para completar el proyecto.
Viviendas de hasta $105 millones cada una
El otro punto que quedó bajo la lupa son los costos de la segunda etapa. Para construir las 30 unidades se presentaron dos ofertas: Oriente Construcciones, por $2.920.955.516, y SYLPA, por $3.177.213.192. Los montos fueron confirmados por el propio Gobierno provincial.
Eso representa aproximadamente $97,4 millones por vivienda en la propuesta de Oriente y $105,9 millones por unidad en la de SYLPA. El proyecto contempla viviendas de 36 metros cuadrados, por lo que el valor por metro cuadrado también quedó en el centro de las comparaciones.
La primera etapa de 20 viviendas, entregada en marzo, tuvo un costo final informado de $1.671.429.239. La segunda etapa, en cambio, parte de ofertas considerablemente superiores, lo que abrió interrogantes sobre la evolución de los valores y la razonabilidad del gasto público.
Un pedido de explicaciones que ahora deberá responder el Gobierno
El pedido legislativo fue impulsado por José Luis Berros y acompañado por otros legisladores opositores. Entre ellos se encuentran Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Alejandra Mas, Daniel Belloso, Leandro García, Luis Ivancich, Martina Lacour, Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich, Daniel Sanguinetti y Marcela González Abdala.
Los legisladores reclaman conocer quién autorizó la continuidad de la cooperativa dentro del programa, qué controles se realizaron sobre su situación jurídica y cómo se determinaron los costos de las nuevas viviendas.
El caso vuelve a poner bajo discusión el manejo de los fondos destinados a vivienda pública en Viedma. Mientras la Provincia sostiene que está completando un compromiso habitacional que llevaba años pendiente, la oposición reclama explicaciones sobre la situación legal de la cooperativa, el mecanismo de selección de las familias y los valores de las obras.
