por Redacción
La posibilidad de que los empleados públicos de Río Negro puedan elegir otra obra social generó preocupación entre los jubilados afiliados al IPROSS. El temor central es que una salida importante de trabajadores activos reduzca los ingresos del sistema solidario y deje dentro de la obra social provincial a una población con mayores necesidades de atención médica y menos posibilidades de acceder a una cobertura privada.
La advertencia fue planteada por Gilma García, presidenta de la Asociación de Jubilados Docentes Nacionales de Río Negro, quien reclamó conocer el proyecto antes de que avance su tratamiento y volvió a pedir la implementación de un “Plan +60”, destinado a mejorar las prestaciones para los afiliados mayores de 60 años. “¿Y nosotros, los jubilados de IPROSS, adónde vamos?”, planteó.

García sostuvo que la edad y las enfermedades preexistentes colocan a los jubilados en una situación diferente frente a una eventual posibilidad de cambiar de cobertura. “Por nuestras patologías preexistentes y por la edad, ninguna obra social nos va a recibir. Y, si nos recibe, será con importes terribles”, advirtió.
La dirigente recordó que los jubilados aportaron durante décadas al sistema y cuestionó qué sucedería si una parte importante de los trabajadores activos decide abandonarlo. “Cuando los activos se vayan, nosotros, que en algún momento apostamos a sostener este sistema solidario, nos quedamos solos”, afirmó. En ese sentido, reclamó que se transparenten las cuentas del organismo y que el Gobierno explique cómo se garantizará la cobertura de quienes permanezcan dentro del IPROSS.
García evitó atribuir directamente al Ejecutivo provincial una intención de vaciar o privatizar la obra social, aunque reconoció que esa posibilidad es planteada por sectores sindicales. “Nosotros no podemos hacer futurología. A lo mejor esa es la intención, puede ser, pero yo no voy a acusar a nadie”, sostuvo. Su reclamo apunta, en cambio, a conocer qué consecuencias concretas tendrá la reforma para los jubilados.

La Asociación de Jubilados Docentes pidió que el proyecto sea difundido antes de su tratamiento legislativo. “Primero queremos conocer el proyecto porque es nuestra salud y es nuestra vida. No hablamos solamente de los jubilados docentes, sino de todos los jubilados del IPROSS”, remarcó García.
Uno de los puntos que genera preocupación es la posibilidad de que quienes opten por otra cobertura tengan un período de tres años para regresar al IPROSS. Para la dirigente, ese plazo puede resultar especialmente crítico para una persona mayor. “Tres años para un jubilado es muchísimo, porque en ese tiempo la salud se deteriora”, señaló.
El planteo también incluye cuestionamientos por el funcionamiento actual de la obra social. García mencionó dificultades con reintegros, pagos de consultas y prácticas y cambios en algunas prestaciones. Entre otros ejemplos, señaló que la cobertura de kinesiología pasó de no tener un tope a contemplar 15 sesiones anuales. “En lugar de tener más, tenemos menos, y cada vez vamos a tener menos”, cuestionó.
Frente a este escenario, la dirigente volvió a reclamar un Plan +60, una propuesta que busca otorgar beneficios adicionales a los afiliados mayores de 60 años considerando su vulnerabilidad, sus necesidades médicas y los años de aportes realizados al sistema.
“¿Qué significa un Plan +60? Que, de acuerdo con nuestra vulnerabilidad y con todos los años que hemos aportado, si esa plata fue bien administrada, nos den un beneficio adicional”, explicó García. La propuesta ya fue planteada ante legisladores provinciales y forma parte de los reclamos que las organizaciones de jubilados pretenden incorporar al debate sobre el futuro del IPROSS.
La dirigente, además, llamó a los jubilados a no abandonar la obra social provincial y a organizarse para defenderla. “Les recomiendo a todos los jubilados que no salgan del IPROSS, que defendamos nuestra obra social”, sostuvo, al tiempo que reclamó una mayor responsabilidad estatal sobre la salud de los adultos mayores.
Para García, la discusión no puede reducirse a la posibilidad de elegir otra cobertura. El punto central, sostuvo, es determinar qué ocurrirá con quienes no puedan irse del sistema y cómo se garantizará su atención médica. “La salud es un derecho y los jubilados somos sujetos de derecho”, afirmó.
Las asociaciones de jubilados anticiparon que continuarán en contacto con sindicatos, legisladores y otras organizaciones para seguir el debate. Mientras el proyecto sobre la posibilidad de elegir otra obra social todavía genera interrogantes, el reclamo del sector pasivo apunta a que cualquier modificación contemple especialmente a quienes, por su edad y sus condiciones de salud, tienen menos margen para cambiar de cobertura.