Una funcionaria provincial aparece vinculada en la investigación por las amenazas contra Gonzalo Santos

Una nueva derivación de la investigación por las amenazas y el hostigamiento denunciados por el periodista Gonzalo Santos introdujo una conexión con una funcionaria provincial. Según la resolución de la Fiscalía de Viedma difundida por el propio comunicador, WhatsApp informó la última dirección IP utilizada por la cuenta investigada y, a partir de ese dato, OITEL determinó que la conexión correspondía a Erika Leonor Araneda, de Cipolletti.

Araneda se desempeña como funcionaria del Registro Civil de esa ciudad y, de acuerdo con la documentación señalada por Santos, registra participación política en Juntos Somos Río Negro. El dato aparece incorporado al expediente, aunque no implica por sí mismo que la funcionaria haya sido quien realizó las amenazas o utilizado personalmente la cuenta investigada.


 

Qué dice la investigación sobre la dirección IP

Según la resolución citada por Santos, el dato aportado por WhatsApp permitió avanzar sobre la identificación técnica de la conexión. OITEL realizó las averiguaciones correspondientes y estableció que la dirección IP informada “corresponde a la ciudadana Erika Leonor Araneda, de la ciudad de Cipolletti”.

Para el periodista, ese elemento debería ser profundizado antes de cerrar la investigación. “Esto no prueba quién hizo qué. Justamente por eso exige investigar. Por primera vez aparece dentro de la propia trazabilidad técnica de la cuenta investigada una funcionaria provincial con participación partidaria acreditada en JSRN”, sostuvo.

Santos también pidió determinar qué tipo de conexión correspondía a esa IP, dónde estaba radicada, quién podía utilizarla y cuál fue su relación concreta con la cuenta de WhatsApp investigada. La identificación técnica de una conexión, por sí sola, no permite establecer quién estaba detrás del teclado o del teléfono en el momento de los hechos.
 

La Fiscalía archivó provisoriamente la causa

La novedad se conoce junto con la decisión de la Fiscalía N°6 de Viedma de disponer el archivo provisorio del expediente. Según la resolución citada, el Ministerio Público consideró que “no surgen elementos suficientes” para avanzar hacia una formulación de cargos y que, en el estado actual de la investigación, no advertía nuevas medidas capaces de modificar el cuadro probatorio.

Santos cuestionó esa decisión y anunció que solicitará la revisión del archivo ante un fiscal superior. “Cuando aparece un dato concreto que fortalece la hipótesis política, ¿la respuesta es cerrar? Desde el primer día planteamos que mi actividad pública podía estar conectada con estos ataques. Hoy hay más razones para profundizar esa hipótesis, no menos”, afirmó.

El periodista pidió además que la fiscal Paula de Luque y el fiscal jefe de Viedma, Juan Pedro Peralta, permitan que la investigación continúe y se determine el alcance real del dato técnico incorporado al expediente. La guía oficial del Ministerio Público de Río Negro confirma que De Luque está a cargo de la Fiscalía N°6 y que Peralta es fiscal jefe de la Primera Circunscripción.
 

Una causa que comenzó con amenazas y hostigamiento

La causa se inició en mayo, luego de que Santos denunciara una serie de mensajes de hostigamiento dirigidos inicialmente contra su esposa y una posterior amenaza telefónica contra él. Según el registro de FOPEA, el periodista recibió el 16 de mayo una amenaza de muerte y realizó una denuncia ante la Fiscalía Penal de turno de Viedma, donde se constituyó como querellante.

En junio, la investigación incorporó nuevos episodios vinculados con una publicación en Facebook que, según denunció Santos, difundía información falsa sobre él, mencionaba a su esposa y exponía su número telefónico. FOPEA volvió a expresar su preocupación por la situación y señaló que el periodista había ampliado la denuncia penal.

Ahora, el dato referido a la dirección IP abre una nueva línea dentro del expediente, aunque su significado deberá ser determinado por la Justicia. “No estoy acusando a una funcionaria de haberme amenazado. Estoy diciendo algo mucho más simple y comprobable: una funcionaria provincial aparece en la trazabilidad técnica de la cuenta investigada y todavía nadie explicó por qué. Lo que pedimos es que la Justicia lo averigüe antes de cerrar”, sostuvo Santos.

El periodista anticipó que insistirá con la revisión de la decisión fiscal. “Acá no está en juego solamente lo que me pasó a mí”, afirmó. “Está en juego si en Río Negro se puede investigar al poder, sufrir un ataque contra la propia familia y confiar en que las instituciones van a llegar hasta el final para saber quién estuvo detrás”.