por Redacción
La gestión de Marcos Castro vuelve a quedar bajo la lupa por una posible contratación municipal. Esta vez, el cuestionamiento apunta a la eventual compra de un nuevo cartel para la avenida Costanera de Viedma, cuyo valor, según la denuncia difundida, alcanzaría los $60 millones.
El planteo surgió luego de que empleados municipales fueran vistos realizando tareas de pintura sobre el cartel que actualmente identifica a la ciudad. Según los denunciantes, mientras se trabajaba sobre la estructura existente, el Municipio estaría gestionando la compra de una nueva a una metalúrgica de Córdoba, pese a que existirían proveedores en Viedma capaces de realizar el trabajo.

Para cuestionar el monto de la eventual compra, los denunciantes aseguraron haber solicitado dos presupuestos en Viedma. Uno habría sido de $9.230.000 y el otro de $10.910.000. Los nombres de los comercios consultados no fueron difundidos.
La diferencia con los $60 millones denunciados constituye el principal punto de conflicto. Si bien todavía no se conocen las especificaciones técnicas del eventual nuevo cartel, la brecha entre los valores plantea interrogantes sobre el costo y las condiciones de la contratación.
"¿No hay metalúrgicas en la comarca que puedan hacer ese trabajo?", cuestionaron los autores del planteo. Además, señalaron que el cartel actualmente ubicado en la Costanera habría sido construido por una empresa de Viedma, como antecedente de la existencia de capacidad local.
El nuevo planteo se suma a otros cuestionamientos que ya recibió la gestión de Marcos Castro por contrataciones municipales. Uno de los casos que generó mayor repercusión fue la adjudicación de trabajos para los baños de la Feria Municipal a Módulos Patagónicos SAS, una empresa vinculada al cuñado del intendente.
La contratación fue cuestionada ante el Tribunal de Cuentas y generó pedidos de explicaciones sobre el vínculo familiar y el procedimiento utilizado para seleccionar al proveedor. En ese caso, el Ejecutivo municipal defendió la contratación y sostuvo que se realizó mediante un concurso de precios y que las ofertas fueron evaluadas por la comisión correspondiente.
Ese antecedente vuelve a aparecer en el debate sobre las compras municipales porque el nuevo cuestionamiento también pone el foco en cómo se seleccionan los proveedores, cuánto se paga y por qué se recurre a empresas de otras ciudades. De todos modos, hasta el momento no existe documentación que permita vincular la eventual compra del cartel con las contrataciones anteriores ni que permita afirmar que exista una irregularidad en este nuevo proceso.

Por ahora, la información difundida no incluye el expediente de contratación, el presupuesto oficial, las especificaciones técnicas del nuevo cartel ni la identificación de la empresa cordobesa que eventualmente realizaría el trabajo.
También será necesario establecer si los presupuestos locales de $9,23 millones y $10,91 millones corresponden exactamente al mismo producto que pretende adquirir el Municipio. Diferencias en dimensiones, materiales, iluminación, instalación, transporte u otros componentes podrían modificar el valor final.
El punto que queda planteado para la gestión de Castro es concreto: si el Municipio efectivamente prevé gastar $60 millones en un nuevo cartel, deberá explicar cómo se determinó ese valor, qué empresas fueron consultadas y por qué se eligió un proveedor fuera de Viedma.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner las contrataciones municipales en el centro de la discusión política local, con especial atención sobre los costos, los proveedores elegidos y los vínculos que puedan existir en cada proceso.