La IP que llevó a una funcionaria de Weretilneck y terminó con la causa archivada

Una investigación publicada por el periodista Gonzalo Santos volvió a poner el foco sobre la causa por las amenazas que denunció contra él y su familia. Según la documentación que expone en una nota de opinión publicada este domingo, la última IP informada por WhatsApp para la cuenta investigada fue asociada por OITEL con Erika Leonor Araneda, funcionaria provincial de Cipolletti.

La causa, identificada como legajo MPF-VI-01830-2026, fue archivada provisoriamente por la Fiscalía N.º 6 de Viedma, a cargo de Paula de Luque. Santos sostiene que el dato sobre la titularidad de la conexión apareció en la propia investigación y cuestiona que, a partir de allí, no se hayan profundizado determinadas medidas sobre Araneda.


 

La IP que apareció en la investigación por las amenazas

De acuerdo con la documentación citada por Santos, WhatsApp informó como última dirección de conexión de la cuenta investigada la IP “181.165.75.63:58470”. Posteriormente, una gestión realizada por OITEL determinó, según la nota, que esa dirección correspondía a Erika Leonor Araneda, residente en Cipolletti.

El propio periodista introduce una salvedad central: una dirección IP permite asociar una conexión con un titular, pero no demuestra por sí sola quién utilizó un dispositivo o escribió determinados mensajes. Por eso, Santos plantea que la pista requería otras medidas para establecer quiénes tenían acceso al servicio y qué dispositivos estaban vinculados.

Santos también recordó que había denunciado una secuencia de hostigamiento contra su familia y amenazas de muerte ocurridas el 16 de mayo. La organización FOPEA había advertido públicamente sobre el caso y reclamado garantías para el periodista.
 

Araneda y sus vínculos con Weretilneck y Buteler

A partir del nombre que apareció en la investigación, Santos reconstruyó la trayectoria política y administrativa de Araneda. Según la documentación que cita, la funcionaria fue contratada en 2017 para desempeñar tareas administrativas en una delegación de IPROSS durante la gestión de Alberto Weretilneck y actualmente figura como delegada del Registro Civil en Cipolletti 1ª.

La investigación también recupera publicaciones de Araneda en redes sociales en las que aparece junto a Weretilneck y Rodrigo Buteler. Santos reproduce mensajes publicados por la propia funcionaria en los que expresa su respaldo al gobernador y al actual intendente de Cipolletti.

Ese vínculo político es presentado por el periodista como parte de un entramado más amplio que combina funcionarios, dirigentes partidarios y operadores territoriales de Juntos Somos Río Negro. La existencia de esos vínculos políticos, sin embargo, no constituye por sí misma evidencia de participación en las amenazas investigadas.

Un mapa político que Santos extiende hasta Cipolletti

La investigación incorpora además a otros dirigentes y funcionarios. Entre ellos aparece Diego Palma, a quien Santos vincula con la estructura partidaria y estatal de JSRN y cuya trayectoria incluye distintos cargos y traslados dentro de organismos públicos. También menciona su participación en la Junta Electoral que intervino en la renovación de autoridades de Juntos Somos Río Negro.

Otro de los nombres señalados es Analía Mora, a quien distintas fuentes consultadas por Santos ubican dentro del trabajo territorial del oficialismo en Cipolletti. La documentación citada en la investigación registra su paso por ámbitos partidarios, municipales y provinciales.

El artículo también incorpora a integrantes de la familia Cides y describe sus diferentes posiciones en la estructura política provincial y municipal. Santos sostiene que ese entramado permite observar una articulación entre partido, Estado y territorio en Cipolletti, aunque aclara que los documentos públicos no acreditan todas las versiones aportadas por las fuentes reservadas.
 

El archivo de la causa y el reclamo de Santos

El punto de mayor tensión de la investigación aparece cuando Santos vuelve sobre la decisión de archivar provisoriamente el expediente. Según su relato, la Fiscalía tomó esa decisión después de recibir el informe que vinculaba la última IP de la cuenta investigada con Araneda.

El periodista cuestiona que no se hayan realizado, según sostiene, determinadas medidas orientadas a establecer quién utilizaba la conexión, qué dispositivos estaban vinculados y cuál era la relación con la cuenta desde la que se produjeron los mensajes.

La propia investigación advierte que la asociación de una IP con una persona no demuestra quién realizó las amenazas. Esa distinción resulta central: el dato técnico puede constituir una línea investigativa, pero no equivale por sí mismo a una identificación penal del autor.

Santos también cuestiona políticamente a Weretilneck y Buteler y plantea si corresponde que mantengan su respaldo a una funcionaria cuya conexión apareció mencionada en una causa por amenazas contra un periodista. Se trata de una posición expresada por el autor de la investigación y no de una conclusión establecida por la Justicia.

La publicación vuelve así a colocar el expediente en el centro de una discusión que excede la cuestión técnica de una dirección IP. Por un lado, permanece la causa por las amenazas denunciadas por Santos; por otro, la investigación periodística reconstruye vínculos políticos y administrativos alrededor de la funcionaria mencionada en el informe de OITEL.