por Redacción
El Gobierno de Alberto Weretilneck encontró una salida transitoria para una discusión que viene creciendo entre los municipios: la distancia entre los índices actuales de coparticipación y la realidad demográfica de las ciudades. La respuesta implica un desembolso inicial de unos $1.029 millones mensuales adicionales del Tesoro provincial.
El acuerdo alcanzado con intendentes de distintos espacios políticos permite reforzar las arcas municipales sin modificar, por ahora, el reparto vigente. De ese modo, las localidades que no fueron incorporadas al esquema no pierden recursos, mientras la Provincia absorbe el costo de la compensación.

Weretilneck definió el mecanismo como una salida intermedia frente a una modificación que requiere una discusión legislativa. “Este acuerdo no es lo ideal, pero es lo posible”, afirmó el gobernador al explicar el entendimiento alcanzado después de varios meses de negociaciones.
La decisión también tiene una dimensión política: evita que un aumento de los recursos para determinados municipios implique una reducción inmediata para otros. El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, sintetizó esa lógica al señalar que el objetivo fue “no resolver una inequidad generando otra”.
El refuerzo tendrá actualización semestral de acuerdo con la evolución de la recaudación de IVA e Ingresos Brutos. Por ahora, se trata de una herramienta transitoria y no de una modificación de fondo del sistema de distribución.
El esquema alcanzará inicialmente a 14 municipios, entre ellos Viedma, Bariloche, Cipolletti, General Roca, El Bolsón, Catriel, Darwin, Fernández Oro, Los Menucos, Dina Huapi, Comallo, Guardia Mitre, Cervantes, Ramos Mexía e Ingeniero Huergo.
Entre los intendentes que participaron estuvieron Marcos Castro, Walter Cortés, Rodrigo Buteler, María Emilia Soria, Bruno Pogliano y Daniela Salzotto, además de autoridades de otras localidades.
También adhirieron distintas comisiones de fomento y San Javier. La diversidad política de los municipios incluidos fue exhibida por el Ejecutivo como una señal de acuerdo institucional en torno a la necesidad de actualizar los recursos municipales.
La compensación no resuelve el problema de fondo. El Gobierno deberá ahora avanzar con un proyecto para modificar la normativa de coparticipación municipal y abrir una discusión que puede volver a poner sobre la mesa qué variables deben determinar cuánto recibe cada localidad de Río Negro.
El mecanismo permanecerá vigente hasta que exista una nueva Ley de Coparticipación Municipal o hasta que un nuevo Censo Nacional modifique los parámetros utilizados para distribuir los recursos.
Así, los $1.029 millones mensuales funcionan como un puente político y financiero mientras la Provincia intenta avanzar hacia una reforma permanente. El costo inmediato lo asumirá el Tesoro, pero la discusión sobre quién recibe cuánto y bajo qué criterios recién comienza.