Weretilneck festeja el control facial mientras crecen las dudas por el millonario contrato con Airata

El Gobierno de Alberto Weretilneck decidió presentar como una victoria política frente a ASSPUR el levantamiento de la medida cautelar que había frenado provisoriamente el control biométrico en los hospitales rionegrinos. “Revés para ASSPUR, queda firme el control biométrico en Salud”, fue el título elegido por la propia Provincia para comunicar la decisión.

Pero detrás de la celebración oficial permanece un conflicto mucho más amplio. La implementación del reconocimiento facial involucra datos biométricos de trabajadores estatales, un contrato millonario y la participación de Airata S.A., empresa vinculada al empresario Gabriel De Simone, en un esquema que fue canalizado a través de la empresa estatal ALTEC.

 

Control biométrico: el Gobierno convierte el conflicto en una pelea con ASSPUR

La Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar presentada por ASSPUR y suspendido provisoriamente la aplicación de la Resolución 986/2026. El planteo del gremio cuestionó la obligatoriedad del reconocimiento facial y puso bajo discusión el tratamiento de los datos personales de los trabajadores.

La suspensión estaba condicionada a la resolución del recurso administrativo presentado por el sindicato. El Gobierno rechazó ese planteo mediante el Decreto 903, firmado por Weretilneck, y ratificó la obligatoriedad del sistema. Con el agotamiento de esa instancia administrativa, quedó sin efecto la condición que sostenía la cautelar.

El Ejecutivo utiliza ahora esa circunstancia para anunciar que el sistema quedó firme y presentar el episodio como un revés sindical. Sin embargo, el levantamiento de una medida cautelar no significa que hayan desaparecido las discusiones sobre la legalidad del mecanismo ni sobre el tratamiento de los datos biométricos.
 

Airata y un contrato de más de mil millones de pesos

Mientras el Gobierno concentra el mensaje en la disputa con ASSPUR, otra cuestión queda en el centro de las preguntas: el negocio detrás del sistema de reconocimiento facial.

La implementación fue canalizada mediante ALTEC, empresa estatal rionegrina, que incorporó a Airata S.A. al esquema tecnológico. Las cifras difundidas durante el proceso llegaron a ubicar el costo en torno de los $1.500 millones, mientras que posteriormente se informó un convenio por aproximadamente $1.226 millones.

El nombre asociado a Airata es Gabriel Pablo De Simone, empresario vinculado al desarrollo de soluciones tecnológicas de identidad digital y señalado por su cercanía con Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente Javier Milei. Esa relación, por sí sola, no acredita ninguna irregularidad, pero agrega un componente político a una contratación que involucra recursos públicos de Río Negro.

La pregunta que queda planteada es por qué la Provincia decidió avanzar con una herramienta de reconocimiento facial de semejante costo y bajo qué condiciones se definió la participación de una empresa privada en el desarrollo tecnológico del sistema.
 

Datos biométricos: la discusión que queda detrás del festejo oficial

El punto más delicado del conflicto no es solamente el control del presentismo. El sistema procesa datos biométricos de trabajadores estatales, una información personal particularmente sensible por estar vinculada a características físicas que permiten identificar de manera única a una persona.

El Gobierno sostiene que la Provincia mantiene la responsabilidad sobre las bases de datos y que la tecnología utiliza una plantilla matemática para verificar la identidad. Sin embargo, permanecen sobre la mesa interrogantes respecto de quién administra la información, quién puede acceder a ella, dónde se almacena, durante cuánto tiempo se conserva y qué mecanismos existen para garantizar su seguridad.

Mientras esas preguntas siguen abiertas, el Ejecutivo decidió profundizar la confrontación con ASSPUR y presentar el avance del sistema como una derrota del sindicato. La discusión sobre una herramienta de control laboral terminó así convertida en una disputa política, mientras quedan en segundo plano el costo del contrato y el manejo de información biométrica de los trabajadores.

Weretilneck consiguió destrabar la aplicación obligatoria del reconocimiento facial en Salud, pero el final de la cautelar no cierra el conflicto. Por el contrario, deja nuevamente en escena el costo millonario, Airata, ALTEC, los datos biométricos y las condiciones bajo las cuales el Estado rionegrino decidió incorporar una tecnología de vigilancia facial para controlar a sus propios trabajadores.