Reconocimiento facial: UPCN espera el fallo de la Justicia laboral y cuestiona el control sobre los estatales

UPCN Río Negro aguarda la resolución de la Cámara Laboral de Viedma sobre la medida cautelar presentada contra la aplicación obligatoria del sistema de reconocimiento facial en el Ministerio de Salud provincial. El gremio volvió a cuestionar el mecanismo y puso el foco no solo en el uso de datos biométricos, sino también en la información vinculada a la ubicación de los trabajadores.

El planteo judicial apunta a proteger especialmente a los agentes que manifestaron su rechazo al sistema. Para el sindicato, la discusión excede el mecanismo elegido para registrar el ingreso y egreso del personal y abre un debate sobre privacidad, datos personales y los límites de las herramientas tecnológicas utilizadas por el Estado en el ámbito laboral.
 

UPCN cuestiona el reconocimiento facial y la geolocalización

“Confiamos plenamente en la Justicia laboral y, sobre todo, en su independencia”, sostuvo UPCN al referirse al expediente que tramita ante la Cámara Laboral de Viedma.

El sindicato sostiene que el sistema obliga a combinar dos tipos de información sensible: los datos biométricos obtenidos a partir del rostro y la geolocalización asociada al registro de asistencia. “Estamos frente a un sistema que exige entregar datos del rostro y registrar la ubicación del trabajador para acreditar su asistencia”, planteó la organización.

Desde UPCN consideran que esa combinación modifica el alcance de un mecanismo tradicional de control horario. La discusión, según el gremio, pasa por determinar qué información puede exigir el Estado a sus trabajadores y bajo qué condiciones puede utilizarla para controlar el cumplimiento de la jornada laboral.


 

El reclamo laboral que puede exceder a Salud

Para la organización sindical, la resolución judicial podría tener consecuencias más amplias que el conflicto puntual generado en el Ministerio de Salud. El planteo busca establecer criterios sobre el uso de tecnologías de vigilancia y control en otros organismos de la administración pública.

“No se trata únicamente del debate alrededor del reconocimiento facial y la protección de datos biométricos, sino de qué respuesta encontramos las y los trabajadores cuando sentimos que una medida estatal atropella nuestros derechos laborales”, expresó UPCN.

El gremio también reivindicó el papel de la Justicia laboral en los conflictos entre los empleados públicos y el Estado. “Para los trabajadores, el fuero laboral siempre ha tenido un significado fundamental porque es el ámbito donde se discuten y garantizan nuestros derechos”, señaló.
 

La Cámara Laboral tiene la última palabra

Mientras espera el fallo, UPCN intenta instalar el expediente como una discusión sobre los límites institucionales frente a las nuevas herramientas de control laboral. El sindicato sostiene que la existencia de una instancia judicial independiente permite revisar decisiones adoptadas por las autoridades cuando considera que pueden afectar derechos de los trabajadores.

“Saber que existe una Justicia laboral autónoma genera tranquilidad. Significa que las condiciones de trabajo y los derechos de la gente no quedan a merced del arbitrio de quien ocupa circunstancialmente un cargo en el Estado, sino que existe un límite institucional claro”, afirmó la organización.

UPCN Río Negro ratificó finalmente su rechazo al sistema y anticipó que continuará interviniendo en el conflicto en defensa de “las condiciones de trabajo, la dignidad laboral y la privacidad” de los empleados públicos. La definición de la Cámara Laboral de Viedma será ahora la próxima instancia para determinar si el mecanismo puede continuar aplicándose mientras se resuelve el fondo de la controversia.