Pesatti cuestionó a la Corte por los discursos de odio y apuntó contra Milei

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, salió a cuestionar públicamente a la Corte Suprema por su pronunciamiento sobre los llamados discursos de odio y puso el foco en lo que considera una aplicación desigual de ese principio. Su planteo apareció después de que el máximo tribunal rechazara por falta de legitimación un reclamo presentado por veteranos de Malvinas contra la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023.

En una columna publicada este jueves, Pesatti sostuvo que la Corte “descubrió la existencia de los discursos de odio el día en que le tocó ser su destinataria” y cuestionó que el tribunal haya advertido sobre las descalificaciones después de recibir críticas de los excombatientes.
 

Pesatti defendió las críticas a la Corte

El vicegobernador distinguió entre una crítica política a una decisión judicial y un discurso que pueda encuadrarse jurídicamente como incitación al odio. En ese sentido, recordó que los jueces también están sometidos al escrutinio ciudadano y citó el antecedente del caso Kimel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que las expresiones sobre asuntos de interés público cuentan con una protección especial.

Pesatti también hizo referencia a la Ley 23.592 y señaló que su artículo 3 contempla la incitación a la persecución o al odio por motivos determinados, pero no convierte automáticamente cualquier agravio o descalificación en un delito. “Calificar una protesta como discurso de odio exige algo más que sentirse ofendido”, sostuvo.

El dirigente rionegrino consideró que los veteranos tienen derecho a cuestionar el fallo de la Corte, incluso cuando sus expresiones sean severas. Para Pesatti, el debate sobre la decisión judicial debe permanecer dentro del terreno de la discusión pública y política, particularmente cuando está en juego una cuestión vinculada con la soberanía y la legislación sobre tierras.
 

El foco de la crítica: Javier Milei

A partir de allí, Pesatti trasladó el eje de su columna hacia Javier Milei y sus enfrentamientos con periodistas y medios de comunicación. Recordó la frase del Presidente “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y mencionó otras expresiones utilizadas por el mandatario para descalificar a trabajadores de prensa.

El vicegobernador sostuvo que existe una diferencia sustancial entre las críticas de los veteranos y las expresiones provenientes de quien ocupa la Presidencia. “Un presidente que convoca a odiar dispone de una capacidad de intimidación que ninguna asociación de veteranos tiene”, planteó.

Pesatti citó además informes de organizaciones vinculadas con la libertad de prensa y pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sostener que los discursos provenientes de funcionarios de alto rango requieren un especial deber de cuidado por el peso institucional que tienen.
 

Una acusación de doble vara contra el máximo tribunal

El núcleo político de la columna aparece cuando Pesatti acusa a la Corte de aplicar un criterio diferente según quién sea el destinatario de las críticas. “A mi juicio, la Corte invierte esa escala”, escribió, al sostener que el tribunal reaccionó frente a los cuestionamientos de los veteranos pero no habría demostrado la misma preocupación ante los ataques provenientes del Poder Ejecutivo.

El vicegobernador planteó así una discusión que excede el caso puntual de la Ley de Tierras: cuál debe ser el límite de las expresiones públicas cuando intervienen funcionarios, jueces, organizaciones sociales o ciudadanos y qué responsabilidad adicional tienen quienes ocupan posiciones de poder.

En el cierre de su columna, Pesatti endureció todavía más el planteo y sostuvo que la independencia judicial exige aplicar los mismos principios frente al poder político y frente a los ciudadanos. También utilizó términos muy críticos para cuestionar lo que considera una actitud selectiva de la Corte frente a los veteranos de Malvinas y al Presidente.

La intervención de Pesatti suma así una nueva voz política al debate sobre los límites de la crítica pública, el discurso de odio y la relación entre los poderes del Estado. En su planteo, la discusión no pasa solamente por qué dijeron los excombatientes después del fallo, sino por si las instituciones aplican el mismo estándar cuando las críticas provienen de ciudadanos que cuando parten de quienes ocupan el máximo poder político.