El recibo de Weretilneck, un supuesto allanamiento y una causa que terminó archivada

Un recibo de sueldo de Alberto Weretilneck salió del sistema provincial, una computadora fue retirada de Casa de Gobierno y el episodio quedó envuelto en versiones sobre un allanamiento federal. Meses después, el saldo es incómodo para el Ejecutivo rionegrino, porque ahora ALTEC descarta una vulneración de sus controles, la investigación penal pública fue archivada y siguen faltando explicaciones sobre cómo se utilizaron los permisos de acceso.

El caso mezcla una filtración real con una versión periodística controvertida y una disputa judicial que terminó antes de esclarecer responsabilidades. El archivo no estableció que nada hubiera ocurrido y dejó la continuidad de la acción penal en manos del propio gobernador, como particular afectado.
 

La Política Online y el supuesto allanamiento a Weretilneck

Cuando trascendió el episodio, La Política Online publicó que la Justicia Federal había allanado dependencias gubernamentales y secuestrado una computadora del mandatario. El medio atribuyó el procedimiento a la Policía Federal y algunos periodistas lo relacionaron con Juan Pablo Beacon y la causa de la AFA. Esa vinculación fue presentada por LPO, pero no quedó acreditada en la información posterior sobre la investigación del recibo salarial.

El Gobierno respondió el 24 de junio con una desmentida categórica y negó el allanamiento, el secuestro y cualquier requerimiento judicial relacionado con esas versiones. Además, acusó a medios y sectores políticos de difundir información falsa para provocar daño institucional.Pero esto no quedó ahí, porque el supuesto allanamiento desmentido había sido verdad y fue producto de un hackeo en unas de las computadoras del gobierno que se había filtrado el recibo de Alberto Weretilneck que databa de que cobraría unos 8 millones de pesos mensuales bruto a la fecha.

Técnicos de ALTEC o policias de la Federal o provincial según dijeron en su momento algunas fuentes al medio LPO que desmintió el propio Weretilneck, que de la Casa de Gobierno retiraron una CPU y, después, la Fiscalía secuestró ese equipo en la empresa estatal. Esa secuencia corresponde a la investigación por el acceso al legajo, y no acredita el supuesto operativo federal ligado a la AFA. La diferencia permite entender qué ocurrió con la computadora sin convertir versiones enfrentadas en un mismo hecho.
 

Por qué la Justicia archivó la causa por el legajo del gobernador

El juez Adrián Dvorzak aceptó el planteo de la defensa y consideró que los delitos investigados, encuadrados en los artículos 153 bis y 157 bis del Código Penal, requerían una acción privada del afectado. Con ese criterio apartó al Ministerio Público y archivó el proceso. La fiscal Yanina Estela Passarelli sostuvo, en cambio, que correspondía una investigación de acción pública.

La discusión terminó con el rechazo del recurso fiscal por inadmisibilidad formal. El juez no resolvió si existió un delito ni quién fue responsable: su decisión se concentró en quién estaba habilitado para impulsar la acusación. Un nuevo proceso dependerá de la iniciativa de Weretilneck.

El expediente también había abierto preguntas sobre los peritajes. La defensa anticipó cuestionamientos respecto de una computadora que primero fue retirada por técnicos de ALTEC y días después quedó secuestrada bajo resguardo fiscal. La controversia procesal se resolvió antes de que esa discusión avanzara en la audiencia.
 

ALTEC descarta una vulneración y quedan preguntas para el Gobierno

La respuesta a la Legislatura incorporó otro dato decisivo: según ALTEC, el acceso se realizó con “credenciales válidas y debidamente autorizadas”. La empresa lo describió como un uso indebido de una autorización existente y señaló que Función Pública administra los controles funcionales de acceso.

Eso desplaza el foco hacia el interior de la administración de Weretilneck. El sistema permitió el ingreso y el monitoreo automatizado no advirtió el episodio, ya que el Ejecutivo se enteró por un aviso externo. La explicación técnica exige aclarar qué permisos tenía la cuenta y cómo se detecta que una autorización está siendo utilizada indebidamente.

Las respuestas oficiales confirmaron la existencia de registros, pero no entregaron fechas, horarios ni cantidad de accesos. El Gobierno invocó la reserva judicial para limitar esos detalles. Entre la denuncia inicial, la disputa por el supuesto allanamiento y el archivo procesal, sigue pendiente una rendición de cuentas sobre el manejo de información dentro del Estado provincial.