por Redacción
Dos trabajadores estatales de Río Negro llegaron a la Justicia después de quedar atrapados en una situación de sobreendeudamiento que les impedía afrontar regularmente sus obligaciones. Ambos se presentaron ante el fuero Civil de Villa Regina y solicitaron su propia quiebra.
Los casos involucran a una empleada policial y a un trabajador del ámbito educativo. Según surge de los expedientes, habían acumulado préstamos con bancos y entidades financieras, además de deudas con tarjetas de crédito. Los embargos y descuentos sobre sus haberes terminaron reduciendo de manera significativa el dinero disponible cada mes.

Ante la imposibilidad de sostener el pago de las obligaciones y conservar ingresos suficientes para cubrir sus gastos básicos, ambos trabajadores recurrieron a la vía judicial. La jueza interviniente aceptó las presentaciones al considerar que se encontraba configurada la cesación de pagos.
La situación vuelve a poner el foco en el crecimiento del endeudamiento de los hogares y tiene un antecedente reciente en la Comarca. En Patagones, el titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Fernando Lenschow, había advertido sobre el aumento de las consultas de vecinos que buscan alternativas frente a sus deudas.
“La gente está totalmente endeudada con préstamos y tarjetas de crédito; es el tema de hoy. Ya no pueden acceder a más créditos, solo les queda refinanciar y ver cómo salir”, había señalado Lenschow.
La Ley de Concursos y Quiebras 24.522 permite que una persona solicite su propia quiebra cuando se encuentra en cesación de pagos. La declaración no significa simplemente dejar de pagar, sino que abre un proceso judicial que concentra los reclamos de los acreedores.
Durante el procedimiento interviene un síndico, que analiza la situación económica del deudor, confecciona el inventario correspondiente y recibe los pedidos de verificación de créditos. Además, el denominado desapoderamiento limita la posibilidad de administrar o disponer libremente de determinados bienes alcanzados por la quiebra.
Los acreedores, por su parte, deben presentarse en el expediente para acreditar sus créditos y dejan de avanzar individualmente contra el deudor. La legislación también contempla bienes que quedan protegidos y no pueden ser embargados, mientras que la declaración de quiebra no impide que la persona continúe trabajando.
En uno de los expedientes de Villa Regina, además, se dispuso la suspensión de descuentos sobre los haberes vinculados con obligaciones anteriores a la declaración de quiebra y se frenaron determinados débitos bancarios. Parte de los ingresos pasó a depositarse en una cuenta judicial para quedar a disposición del proceso.
El fenómeno también comenzó a generar consultas en Patagones. Según explicó Lenschow, algunas personas ya se acercan a la OMIC directamente para preguntar por la posibilidad de declararse en quiebra.
“Como antes lo planteábamos para las empresas en quiebra, hoy la gente en forma individual viene a la oficina y dice: ‘Quiero ir a la quiebra’”, reveló el funcionario. También vinculó esas consultas con antecedentes judiciales recientes de Río Negro en los que personas físicas pudieron acceder a este procedimiento.
Sin embargo, Lenschow advirtió que los vecinos de Patagones enfrentan una dificultad adicional: las presentaciones corresponden al fuero Civil y no al Juzgado de Paz local, por lo que deberían recurrir a los tribunales de Bahía Blanca. “Tenemos la Justicia a 300 kilómetros, a diferencia de Viedma, que la tiene a la vuelta de la esquina”, sostuvo.
Los dos expedientes de Villa Regina muestran hasta qué punto el endeudamiento puede comprometer los ingresos de una familia. El problema ya no se limita a atrasos con una tarjeta o a la refinanciación de un préstamo: para algunos trabajadores, la acumulación de obligaciones llegó al punto de convertir la quiebra personal en una alternativa judicial concreta.