El Gobierno mueve fichas para salvar el megaDNU y evitar una derrota en Diputados

El Gobierno de Javier Milei activó distintas alternativas para evitar que el Congreso rechace el DNU 70/2023 en la sesión convocada para el próximo 15 de octubre. La disputa tomó una nueva dimensión después del fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente el artículo 154 del decreto, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales.

La oposición ya pidió una sesión especial en la Cámara de Diputados para rechazar el megadecreto. El Senado había votado en contra del DNU en marzo de 2024, por lo que un nuevo rechazo en la Cámara baja implicaría su derogación. Para eso, la oposición necesita reunir el quórum y luego conseguir una mayoría para avanzar.

El oficialismo asegura que la oposición todavía no tiene los números necesarios y busca convencer a bloques dialoguistas para evitar que la sesión prospere. Al mismo tiempo, en la Casa Rosada analizan alternativas legislativas ante el escenario de una eventual derrota.



 

La defensa del Gobierno al DNU 70 y la Ley de Tierras

El vocero presidencial Adrián Ravier salió a defender públicamente la derogación de la Ley de Tierras y rechazó que la posibilidad de que extranjeros compren tierras rurales implique una pérdida de soberanía.

“De ninguna manera un extranjero que compre una tierra en la Argentina le hace a la Argentina perder soberanía”, sostuvo. Según explicó, esos propietarios pueden producir, contratar trabajadores, exportar y generar actividad económica dentro del territorio argentino.

Ravier también defendió la decisión del Gobierno de avanzar con una mayor apertura a la inversión extranjera. “Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser argentina”, afirmó.

El artículo 154 del DNU eliminó la Ley 26.737, que establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales, entre ellos un máximo del 15% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental. También imponía restricciones para personas de una misma nacionalidad y para determinadas zonas de frontera.

La Corte Suprema, sin embargo, no resolvió la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto. El máximo tribunal revocó una sentencia que había frenado el artículo 154 al considerar que el CECIM no tenía legitimación para promover esa acción judicial. De ese modo, la derogación de la Ley de Tierras volvió a quedar vigente.
 

El 15 de octubre, la pelea por los votos

La sesión convocada para el 15 de octubre representa el principal frente de conflicto para el oficialismo. Los bloques opositores que impulsaron el pedido buscan alcanzar los 129 diputados necesarios para abrir el debate y avanzar luego con el rechazo del DNU.

En La Libertad Avanza sostienen que la oposición no tendría actualmente los votos suficientes. Los bloques opositores, en cambio, evitan anticipar un resultado y mantienen conversaciones con sectores que podrían resultar decisivos para alcanzar el quórum.

La eventual derogación tendría un alcance mucho mayor que el referido exclusivamente a las tierras rurales. El DNU 70/2023 modificó y derogó numerosas normas en áreas como alquileres, comercio, salud, trabajo y regulación económica. Por el mecanismo vigente para los decretos de necesidad y urgencia, Diputados no puede rechazar solamente un artículo: el rechazo de ambas cámaras implica la pérdida de vigencia del decreto completo.

Por eso, en el entorno presidencial advierten que una caída del DNU podría provocar el regreso de normas que fueron modificadas o derogadas por el megadecreto. Entre ellas mencionan la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas.

“Esperamos que no avancen porque sería un tiro en el pie, incluso para ellos mismos”, sostienen fuentes cercanas del Presidente.
 

La alternativa que prepara La Libertad Avanza

Ante un eventual rechazo del DNU, el oficialismo analiza volver a impulsar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tuvo tratamiento en el Senado pero quedó trabado en Diputados.

La iniciativa había generado un fuerte debate político durante su tratamiento y el capítulo relacionado con la propiedad de tierras rurales fue objeto de modificaciones y cuestionamientos. Ahora, según trascendió, dentro del bloque oficialista evalúan recuperar una versión del proyecto que incluya nuevamente disposiciones vinculadas con la Ley de Tierras.

La estrategia todavía no está cerrada y deberá discutirse en la mesa política del Gobierno, integrada por Karina Milei, el presidente de Diputados Martín Menem y la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, entre otros dirigentes.

La reunión prevista para esta semana, sin embargo, no se realizó porque Karina Milei viajó a Salta para participar de la inauguración de una planta vinculada al proyecto Sal de Oro.

Mientras tanto, el conflicto por la Ley de Tierras continúa fuera del Congreso. Organizaciones sociales, sindicales y políticas preparan movilizaciones contra la decisión de la Corte y distintos sectores de la oposición buscan mantener el tema en el centro de la agenda parlamentaria.

La disputa quedó así planteada en dos frentes: el Gobierno intenta sostener la vigencia del DNU 70/2023 y su política de apertura a la inversión extranjera, mientras la oposición busca aprovechar la sesión del 15 de octubre para ponerle un límite parlamentario al decreto que marcó buena parte del rumbo económico de Milei desde el comienzo de su gestión.