Milei busca recuperar el límite a la compra de tierras por extranjeros para blindar el megaDNU

El Gobierno nacional abrió una negociación para reinstalar restricciones a la venta de tierras a extranjeros, una de las medidas que quedaron habilitadas tras la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023. La alternativa elegida es incorporar un capítulo específico al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se debatirá en la Cámara de Diputados.

La decisión tiene un trasfondo parlamentario inmediato. El oficialismo convocó para el miércoles 14 de octubre a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, un día antes de la sesión impulsada por la oposición para tratar la derogación del megaDNU. La intención es ofrecer una salida a los bloques aliados que cuestionan la desregulación de la compra de tierras, pero no quieren votar contra el decreto completo.

El punto central de la negociación es volver a establecer un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales provinciales y municipales, como contemplaba la legislación derogada. La redacción definitiva deberá resolverse durante el tratamiento parlamentario.

El límite a la compra de tierras, en el centro de la negociación

La incorporación del capítulo responde a los planteos de sectores del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que reclamaron modificaciones para evitar que la discusión sobre la propiedad privada termine arrastrando otras reformas del DNU 70/23.

El decreto impulsado por Javier Milei derogó un amplio conjunto de regulaciones económicas, entre ellas la Ley de Tierras. La decisión abrió una controversia sobre las condiciones para la adquisición de terrenos rurales por parte de personas y empresas extranjeras, especialmente en zonas consideradas estratégicas.

Con el nuevo capítulo, el oficialismo busca separar esa discusión del resto de las desregulaciones. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ya tuvo tratamiento en el Senado, pero el apartado sobre tierras fue retirado durante el debate, lo que permitiría incorporarlo nuevamente en Diputados.

La negociación también expone una diferencia dentro del arco opositor y los bloques dialoguistas: algunos sectores pretenden recuperar restricciones específicas, mientras otros buscan evitar una derogación integral del decreto.



 

La sesión del 15 de octubre, bajo presión

La oposición convocó a una sesión especial para el jueves 15 de octubre con el objetivo de tratar el rechazo del DNU 70/23. El oficialismo, por su parte, intenta que las modificaciones legislativas previstas para los próximos días reduzcan los apoyos a esa convocatoria.

La estrategia no se limita a la cuestión de las tierras. Los libertarios también anticiparon que incorporarán observaciones de bloques aliados al proyecto relacionado con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se trataría el 21 de octubre. Con esas modificaciones, el Gobierno busca contener diferencias y evitar que sus socios parlamentarios acompañen las iniciativas opositoras.

La Casa Rosada sostiene que una derogación completa del megaDNU generaría complicaciones administrativas y judiciales, debido a la cantidad de normas que modificó. Entre ellas figuran cambios en alquileres, comercio, transporte, salud y actividad inmobiliaria.
 

Propiedad privada y soberanía: una discusión que vuelve al Congreso

El debate sobre la Ley de Tierras excede la discusión sobre el régimen de propiedad. También involucra el alcance de las restricciones a la titularidad extranjera, el control sobre territorios rurales y la posibilidad de establecer condiciones especiales en áreas consideradas sensibles.

La derogación de la norma original había generado cuestionamientos de sectores políticos y organizaciones que reclaman mantener límites a la concentración de tierras en manos extranjeras. El intento de recuperar el tope del 15% busca responder a parte de esas objeciones sin revertir necesariamente el resto del esquema de desregulación.

El plenario del miércoles será el primer paso formal para conocer el alcance de los cambios y la posición de los bloques. Después, el oficialismo deberá definir si logra convertir esa negociación en una mayoría legislativa y si las modificaciones alcanzan para alterar el escenario de la sesión convocada por la oposición.