El poder detrás de la toga, los hilos de Weretilneck que manejan la Justicia rionegrina

En Río Negro hay una discusión que merece salir de los pasillos. Cuánto poder acumuló Alberto Weretilneck sobre las instituciones que deberían controlar a su gobierno. La independencia judicial se invoca en discursos y ceremonias, pero también debe examinarse en los nombramientos, en las decisiones y en las respuestas que reciben quienes confrontan con el oficialismo. No alcanza con que cada organismo tenga su edificio si las relaciones políticas atraviesan sus oficinas.

El problema empieza cuando se naturaliza que funcionarios del partido gobernante pasen a lugares estratégicos del Poder Judicial. Esa circulación está documentada y obliga a discutir la cercanía entre el oficialismo y quienes deben ejercer el control institucional. Aunque esos antecedentes no prueban por sí solos que el gobernador ordene sentencias, la sociedad tiene derecho a preguntar qué garantías de independencia ofrecen esos nombramientos.
 

De Juntos Somos Río Negro a los cargos judiciales

Sergio Ceci es un ejemplo concreto. Antes de incorporarse al Superior Tribunal de Justicia, fue secretario legislativo del bloque de Juntos Somos Río Negro. Su despedida quedó registrada en la sesión del 11 de agosto de 2021, cuando desde el recinto se celebró su llegada al máximo tribunal provincial. La designación se había realizado mediante el Consejo de la Magistratura, presidido entonces por Arabela Carreras. Su vínculo político previo forma parte de su trayectoria pública.

El recorrido de Nicolás Land vuelve a poner el asunto sobre la mesa. Quien ocupaba la Secretaría Legislativa de JSRN fue designado secretario del Juzgado Electoral Provincial mediante un acta del 31 de agosto de 2026. Antes había sido ministro de Desarrollo Social de Weretilneck. El Consejo lo eligió por mayoría, con el acompañamiento de Facundo López y Lucas Pica, aunque la reconstrucción señaló que no era el postulante con mayor puntuación en el concurso.

No nos olvidemos que Weretilneck quiso pasar por encima la constitución provincial para que pueda ser ir por un tercer mandato como gobernador y tuvo que intertecer la Corte Suprema de la Nación para imposibilitarlo, donde los jueces del Supremo Tribunal provincial le habían dictaminado favorablemente. Es muy evidente que el mandatario manejo y maneja aún más en la actualidad todos los hilos del ámbito judicial rionegrino.

La pregunta política es inevitable. ¿Qué garantías de distancia ofrece una estructura que incorpora a funcionarios del mismo espacio cuyos intereses deberá examinar? La pertenencia partidaria previa no inhabilita automáticamente a una persona, pero tampoco desaparece por cambiar de cargo. El gobierno debe explicar esos nombramientos y la Justicia debe demostrar su independencia mediante decisiones fundamentadas y abiertas al escrutinio público.
 

Gennuso y Cambia Río Negro, disputas con consecuencias políticas

El caso de Gustavo Gennuso introduce otra discusión. El exintendente de Bariloche fue absuelto por peculado en noviembre de 2025 y esa decisión fue confirmada en marzo de 2026. Ahora, el STJ sostuvo que la absolución por ese delito no presentaba arbitrariedad, pero ordenó que un Tribunal de Impugnación con otra integración analice si los mismos hechos pueden constituir malversación de caudales públicos. La resolución mantiene abierta esa posibilidad y no constituye una condena.

La defensa cuestionó que se pudiera avanzar sobre una figura distinta de la elegida por la acusación y planteó la prescripción de la eventual malversación. La Fiscalía sostuvo que el tribunal podía aplicar una calificación menos gravosa sobre los hechos debatidos. Ese es el conflicto jurídico pendiente, pero también existe una responsabilidad institucional de explicar por qué una absolución confirmada vuelve a dejar al acusado frente a una posible sanción. Vincular ese recorrido con una orden de Weretilneck es más que obvio, además Genusso era el secretario del partido que luego se fue por diferencias con el gobernador. Exigir explicaciones claras sobre el expediente es parte del control público.

La disputa de Cambia Río Negro, el espacio referenciado en Aníbal Tortoriello, muestra otro problema. Pedro Pesatti reconoció formalmente al bloque mediante la Resolución 460/25, pero la bancada continuó sin participación plena en las comisiones y en Labor Parlamentaria. Sus integrantes acudieron al STJ y el procurador general Jorge Crespo recomendó declarar improcedente el planteo, al considerar que todavía existían herramientas para resolverlo dentro de la Legislatura. Su dictamen no es vinculante y la información disponible no permite confirmar una sentencia definitiva. Devolver el conflicto al ámbito donde el reconocimiento permanece trabado prolonga, de hecho, una situación favorable a quienes impiden su funcionamiento pleno como Juntos Somos Río Negro, el bloque que preside Facundo López. Uno d elos integrantes del bloque, Santiago Ibarrolaza dijo en reiteradas ocasiones que van a ir a la Corte Suprema ya que el control judicial lo maneja a su antojo el Gobernador Weretilneck.
 

Datos biométricos y ALTEC, los límites al gobierno de Weretilneck

El registro obligatorio de datos biométricos de trabajadores de Salud también exige una lectura completa. El 22 de septiembre, la jueza Ana Carolina Scoccia rechazó el amparo de UPCN porque consideró que no estaban acreditados los requisitos de esa vía excepcional y que existían otros procedimientos para discutir la medida. El resultado permitió que el gobierno mantuviera el sistema, aunque no cerró cualquier cuestionamiento posterior. Antes, el 8 de septiembre, el juez Juan Ambrosio Huenumilla, de la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, había declarado inconstitucional la obligatoriedad del reconocimiento facial y la geolocalización para los trabajadores que promovieron otro amparo. Esa decisión muestra que también existen límites judiciales al Ejecutivo.

El episodio de ALTEC dejó otras preguntas pendientes. La investigación por el acceso al legajo de Weretilneck terminó archivada después de que el juez Adrián Dvorzak considerara que correspondía una acción privada. La Fiscalía cuestionó esa interpretación y su recurso fue rechazado, por lo que el eventual impulso de un nuevo proceso quedó en manos del gobernador como afectado particular. No hay respaldo documental para afirmar que el archivo respondió a un pedido suyo. Además, ALTEC informó que se utilizaron credenciales válidas y que no se vulneraron los controles de seguridad. Su presidente negó un allanamiento y describió la entrega del equipo a la Justicia, mientras quedaron pendientes explicaciones públicas sobre el acceso y sus responsables.

Estos casos permiten cuestionar la cercanía entre el oficialismo y sectores de la estructura judicial, además de examinar los efectos políticos de determinadas decisiones. No acreditan, por sí solos, que Weretilneck haya impartido órdenes en cada expediente. Esa distinción no reduce la importancia del debate. Un partido que gobierna también debe aceptar controles capaces de incomodarlo, y los antecedentes partidarios de quienes ocupan cargos judiciales merecen ser conocidos y discutidos.

El periodismo provincial tiene una responsabilidad en esa discusión. Publicar nombramientos, dictámenes y fallos como episodios aislados deja afuera quiénes llegan a los cargos, de dónde vienen y qué consecuencias tienen sus decisiones. Río Negro necesita discutir esas relaciones sin aceptar que la permanencia del oficialismo las convierta en una costumbre intocable. La independencia judicial debe poder comprobarse, especialmente cuando están en juego los intereses del poder que gobierna.