Alberto Weretilneck profundiza una política de apertura a intereses extranjeros que ya no se limita a las inversiones económicas. La presencia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, los permisos para aprovechar agua pública en un complejo de capitales qataríes, la compra de campos con fondos provenientes de Emiratos Árabes Unidos y el acuerdo con una institución académica francesa para planificar el desarrollo territorial muestran distintas facetas de una misma discusión. Quién decide sobre los recursos de Río Negro y qué lugar ocupan los rionegrinos en esas decisiones.
El reciente convenio con el IAE Paris-Sorbonne agregó un capítulo particular. El gobernador recurrió a una institución extranjera para colaborar en la planificación del Alto Valle, el Tren del Valle y la infraestructura provincial. Aunque el Ejecutivo aseguró que el trabajo complementará la participación de universidades nacionales, todavía corresponde conocer los compromisos concretos y el protagonismo que tendrán la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue. La discusión no pasa por rechazar el conocimiento internacional, sino por determinar cuánto espacio reserva el gobierno a las instituciones públicas que conocen el territorio.
Los otros casos plantean conflictos más profundos. Lewis continúa enfrentando reclamos por el acceso a Lago Escondido, Baguales obtuvo autorizaciones para utilizar agua provincial y una operación inmobiliaria vinculada con fondos árabes abrió interrogantes sobre la propiedad de miles de hectáreas. Cada situación tiene sus particularidades, pero todas requieren explicaciones sobre las decisiones y los controles del Estado. La política de atracción de capitales encuentra así su principal contradicción en los derechos públicos que siguen siendo motivo de disputas.
El empresario británico Joe Lewis conserva su propiedad alrededor de Lago Escondido mientras organizaciones sociales y ciudadanos continúan reclamando el acceso por el camino de Tacuifí. El conflicto lleva años atravesando distintas instancias judiciales sin que se haya alcanzado una solución definitiva sobre ese recorrido.

La actuación de la provincia constituye uno de los puntos más controvertidos. La Fiscalía de Estado de Río Negro y Hidden Lake recurrieron decisiones judiciales favorables a la apertura del camino. Aunque sus argumentos deben analizarse dentro del expediente, la coincidencia de posiciones generó cuestionamientos sobre el papel del Estado en una disputa que involucra el acceso a un lago público.
A esa controversia se suman los vínculos entre representantes de la empresa y funcionarios provinciales. Guillermo Ceballos, quien actuó como apoderado de Hidden Lake y posteriormente ocupó funciones en el gobierno de Weretilneck, forma parte de esos antecedentes. También existen testimonios sobre presuntas estadías de comisiones oficiales en instalaciones de Lago Escondido. Son señalamientos que requieren documentación y esclarecimiento, especialmente para determinar si hubo gastos asumidos por particulares sujetos a controles estatales.
El complejo turístico Baguales, vinculado con capitales qataríes y ubicado al sur de Bariloche, recibió autorizaciones del Departamento Provincial de Aguas para desarrollar tres aprovechamientos hidroeléctricos sobre el arroyo del mismo nombre.
El organismo sostuvo que podía otorgar esos permisos sin intervención legislativa porque la electricidad generada sería destinada al consumo particular. Esa interpretación fue cuestionada por Magdalena Odarda, quien reclamó la participación de la Legislatura y planteó objeciones ambientales.

El conflicto expone una cuestión central para la administración provincial. El agua pertenece al dominio público, aunque su aprovechamiento pueda ser autorizado a particulares. Por eso resulta necesario conocer las condiciones de los permisos, las exigencias ambientales y los mecanismos de fiscalización. La posibilidad de abastecer un emprendimiento privado no elimina la obligación estatal de justificar cómo se protege el recurso.
La adquisición de campos vinculada con el expolista Hugo Barabucci abrió otro frente de discusión sobre la propiedad de la tierra en Río Negro. Durante un juicio, el exdeportista declaró haber recibido dos millones de dólares de Emiratos Árabes Unidos para realizar operaciones inmobiliarias en la provincia.
Las publicaciones sobre el caso mencionan alrededor de 19.000 hectáreas y una investigación federal informada en julio de 2026. La principal cuestión por esclarecer es quién aportó efectivamente los fondos, bajo qué condiciones y si existe un beneficiario económico diferente del titular formal de las propiedades.
La procedencia extranjera del dinero constituye por sí misma una irregularidad mencioanda en la Ley de Tierras a manos de testaferros. La magnitud de las operaciones exige conocer qué controles realizaron los organismos competentes. El gobierno provincial debe explicar su intervención dentro de las atribuciones que le corresponden, especialmente ante las dudas planteadas sobre la titularidad real de las tierras.
El acuerdo de cooperación entre el gobierno provincial y el IAE Paris-Sorbonne incorporó una discusión sobre quién participa en la planificación del futuro rionegrino. La iniciativa contempla el crecimiento del Alto Valle, el desarrollo del Tren del Valle y las necesidades de infraestructura.
La administración de Weretilneck presentó el convenio como una herramienta para incorporar conocimientos internacionales y aseguró que complementará el trabajo con universidades argentinas. Sin embargo, el anuncio deja preguntas sobre los costos, los compromisos asumidos y la participación efectiva de las instituciones académicas de la región.
La Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue cuentan con equipos de investigación y conocimiento acumulado sobre el territorio. Por eso, la provincia debe precisar cómo serán incorporadas al proceso. La cooperación extranjera puede aportar herramientas, pero las decisiones sobre el desarrollo provincial deben permanecer bajo responsabilidad de las instituciones públicas competentes.
Los conflictos alrededor de Lago Escondido, Baguales y las compras de campos no son equivalentes ni permiten atribuir una misma irregularidad a todos los involucrados. Sin embargo, muestran la necesidad de examinar las decisiones provinciales cuando están en juego recursos estratégicos y derechos públicos.
La posición de la Fiscalía de Estado frente al acceso a Lago Escondido, las autorizaciones hidroeléctricas otorgadas a Baguales y los controles sobre las operaciones inmobiliarias requieren respuestas específicas. Lo mismo ocurre con el convenio académico y las condiciones bajo las cuales se desarrollará.
Weretilneck tiene una responsabilidad política que no termina con anunciar inversiones ni firmar acuerdos internacionales. También debe garantizar que las decisiones sean transparentes, que los organismos de control actúen con independencia y que los habitantes puedan ejercer sus derechos.
Río Negro ofrece tierras, agua, recursos energéticos y oportunidades económicas que despiertan interés fuera del país. La discusión es cómo se administran esas oportunidades y qué beneficios quedan para la población, porque los grandes capitales encuentran posibilidades de inversión, los rionegrinos siguen esperando respuestas sobre el acceso a sus bienes públicos, el uso de sus recursos naturales y su participación en las decisiones que definirán el futuro de la provincia.