por Redacción
La gestión municipal de Viedma presentó el programa de Facilitadores Territoriales como una herramienta para acercar el Estado a los barrios, escuchar a los vecinos y mejorar la respuesta a los problemas cotidianos. La iniciativa incorporó a 11 jóvenes y anunció una aplicación digital para registrar reclamos, organizar estadísticas y realizar un seguimiento de las demandas. Sin embargo, todavía no se conocen públicamente resultados que permitan medir su alcance.
El cuestionamiento apunta al intendente Marcos Castro y a la jefa de Gabinete, María Eugenia Serra, por la falta de información sobre el funcionamiento del programa. La ausencia de un balance no demuestra que no se hayan realizado intervenciones, pero deja sin respuesta una pregunta central: qué cambió en los barrios a partir de los relevamientos anunciados por el Municipio.

El 18 de junio, durante una entrevista en FM de la Costa, Serra explicó que los facilitadores llevaban aproximadamente dos meses y medio de trabajo bajo una modalidad similar a una pasantía. Según detalló, el objetivo era “fortalecer nuestro trabajo territorial y también poder brindar a jóvenes formación y capacitación en todas las áreas de gestión”.
La propuesta contemplaba registrar problemas vinculados con luminarias, microbasurales, poda, seguridad vial y calles deterioradas. Se trata de demandas habituales de los vecinos de Viedma, cuya resolución depende de distintas áreas municipales. Por eso, el principal indicador de eficacia no debería ser solamente la cantidad de situaciones detectadas, sino también las respuestas que recibieron.
Uno de los puntos destacados durante la presentación fue la incorporación de una aplicación para sistematizar la información. “Nos permite llevar una estadística y un mejor control de lo que está sucediendo en nuestras calles”, aseguró Serra. La herramienta, según lo anunciado, debía facilitar el seguimiento de los reclamos y mejorar la coordinación entre las áreas responsables.
La funcionaria también había anticipado una evaluación inicial del programa junto al intendente y los sectores involucrados. Sin embargo, no se difundieron públicamente conclusiones que permitan conocer cuántos reclamos se registraron, cuáles fueron derivados, qué problemas se solucionaron y cuáles continúan pendientes. Tampoco se informó qué indicadores se utilizaron para medir el desempeño de los facilitadores.
La duración prevista para la experiencia también abre interrogantes. Si en junio los participantes ya acumulaban alrededor de dos meses y medio de actividad y la práctica tenía una extensión aproximada de seis meses, corresponde conocer cómo avanzó esa etapa, qué capacitación recibieron los jóvenes y qué continuidad tendrá la iniciativa.
La responsabilidad de informar recae sobre la conducción municipal. Castro, Serra y las áreas involucradas deberían explicar cómo se organizaron los relevamientos, qué recursos se destinaron al programa y de qué manera se transformaron los registros en intervenciones concretas. La participación de 11 jóvenes puede aportar una presencia territorial más amplia, pero los resultados dependen de la capacidad del Estado para responder a las demandas detectadas.
Por ahora, la falta de información pública deja al programa frente a una deuda de gestión y comunicación. El gobierno municipal todavía tiene la posibilidad de presentar los datos y demostrar el impacto de la iniciativa. La cantidad de luminarias reparadas, los microbasurales eliminados, las calles intervenidas y el estado de los reclamos permitirían evaluar si los Facilitadores Territoriales cumplieron los objetivos anunciados.