Detrás del plan de desendeudamiento de Río Negro aparece el negocio de Credit Now

El Gobierno de Río Negro de Alberto Weretilneck no le quedó otra que plantear un plan de desendeudamiento luego de años de reclamos por empleados públicos y una revisión de los descuentos que consumen sus salarios. La iniciativa vuelve sobre un problema que la propia Provincia contribuyó a profundizar cuando suspendió, en octubre de 2020, el límite general del 50% sobre los haberes. Casi seis años después, mientras trabajadores recurren a la Justicia para conservar ingresos de subsistencia, el Ejecutivo anunciará cambios sobre un mecanismo que nunca dejó de administrar.

Detrás de esa discusión aparecen las entidades que cobran directamente desde los recibos de sueldo. Entre ellas sobresale Credit Now SA, una sociedad constituida en 2019 que obtuvo un código propio de descuento y cuyos responsables también integraron Insersan, una constructora adjudicataria de obras provinciales. La revisión anunciada abre preguntas que van más allá del alivio a los deudores. Cómo ingresaron esas empresas al sistema, qué antecedentes evaluó el Gobierno y qué controles ejerció mientras las cuotas reducían los ingresos de sus empleados.

Los recibos, los registros societarios y los expedientes judiciales permiten reconstruir ese circuito. La Provincia paga los salarios y, en la misma liquidación, retiene dinero para los acreedores. Credit Now consiguió acceso directo a esa estructura de cobranza y fue objeto de pedidos de informes legislativos sobre sus antecedentes y su habilitación. El plan de desendeudamiento llega con esas explicaciones todavía pendientes y después de años en los que la protección del salario terminó, para numerosos trabajadores, en manos de un juez.
 

Un código que abre la puerta al salario estatal

Credit Now ocupaba una posición singular en la nómina de entidades habilitadas que Hacienda informó en 2025. Entre sindicatos, mutuales, una cooperativa, una federación y Banco Patagonia, era la única prestamista no bancaria constituida como sociedad anónima. Otras financieras operaban mediante mutuales intermediarias, sin contar con códigos propios. La diferencia importa porque el acceso directo permite cobrar las cuotas mediante la estructura de liquidación provincial.

Conseguir esa autorización exige más que constituir una sociedad o abrir una sucursal. El régimen contempla inscripción, presentación de antecedentes, documentación societaria, intervención administrativa y un convenio con la Provincia. El Decreto 1485/2018, firmado por Weretilneck y el entonces ministro de Economía Agustín Domingo, admitió entidades públicas y privadas legalmente reconocidas y creó el Registro de Entidades con Código de Descuento, conocido como RECOD.

La pregunta sobre Credit Now no se resuelve señalando que es una empresa privada. Lo que debe explicarse es qué antecedentes evaluó el Gobierno para habilitarla, cuándo presentó su solicitud, quiénes intervinieron y bajo qué condiciones quedó autorizada, en la cual también varios años bloques de la legislatura de Río Negro le preguntaron lo mismo al Gobierno y nunca tuvieron respuestas. Sin el expediente completo tampoco puede establecerse cuánto demoró el trámite ni si recibió un tratamiento diferente al de otras firmas.

Las publicaciones oficiales identifican a la Resolución ME 680/2018 como la norma que aprobó el procedimiento de inscripción y baja en el registro. Sin embargo, en la documentación localizada para esta investigación no apareció su texto completo con anexos ni la resolución individual que concedió el código a Credit Now. Son piezas centrales para reconstruir una decisión cuyos efectos se repiten todos los meses en los recibos de los empleados públicos.
 

Un apellido conocido en Viedma detrás de Credit Now

Credit Now SA, CUIT 30-71650169-4, fue constituida por escritura del 14 de junio de 2019, publicada cinco días después en el Boletín Oficial nacional. Nació con sede en Capital Federal, un capital de $100.000 y dos socios fundadores, Matías Carlos Perdriel y Geraldina Maciel Rivero. El primero quedó como presidente y Rivero como directora suplente.

Las publicaciones posteriores permiten seguir parte de su evolución. Un aviso de abril de 2025, referido a aumentos de capital aprobados entre 2020 y 2022, informó un capital de $40.863.710, distribuido entre Tulio Perdriel, con el 80% de las acciones, y Alejandro Maldini, con el 20%. Otra publicación, correspondiente a la asamblea del 2 de enero de 2025, designó a Matías Carlos Perdriel como presidente y director titular, y a Tulio Ernesto Perdriel y Alejandro Raúl Maldini como suplentes.

La fecha de constitución no permite fijar por sí sola el desembarco de la empresa en Río Negro. Uno de los antecedentes más tempranos localizados con operaciones fechadas aparece en una causa de El Bolsón. Allí se identificaron tres préstamos de Credit Now acordados durante 2022, por $400.000 el 14 de octubre, $100.000 el 18 de octubre y $300.000 el 7 de diciembre. Esas operaciones permiten documentar su actividad en la provincia para entonces, aunque no demostrar que hayan sido las primeras.

El volumen del negocio quedó expuesto después en información policial publicada por Diario Río Negro. En octubre de 2024, las retenciones sobre salarios de policías destinadas a Credit Now rondaron los $160 millones. La cifra representa cobranzas mediante descuentos, no ganancias de la sociedad, pero da una medida del dinero que circulaba a su favor en un solo sector de la administración.
 

El apellido que también aparece en la obra pública

Los nombres de Matías Carlos Perdriel y Tulio Ernesto Perdriel no aparecen solamente en el negocio de los préstamos. También integraron la conducción de Insersan SA, una constructora con contrataciones provinciales. El Boletín Oficial bonaerense publicó que, en marzo de 2020, Tulio fue designado presidente, Matías director titular y Franco Perdriel director suplente.

La relación de Insersan con Río Negro ya generaba cuestionamientos en 2018. El pedido de informes legislativo 905/2018 reclamó conocer los controles realizados antes de elegir a la empresa para arreglar y finalizar la remodelación de la calle Mitre de Bariloche. Los legisladores recogieron denuncias sobre deficiencias en una obra escolar de Mar del Plata y solicitaron explicaciones sobre los antecedentes de la firma y sus directivos. Aquellas denuncias formaron parte de los fundamentos del reclamo legislativo y no deben confundirse con hechos acreditados por una sentencia.

Los contratos continuaron. En mayo de 2023, el Decreto 565/2023, adjudicó a Insersan la construcción de un SUM para las ESRN 141 y 154 de Viedma, por $166.216.148,92. El expediente publicado señala que participó una sola firma y que la oferta quedó un 16,53% por encima del presupuesto oficial actualizado.

Ese es el vínculo empresarial que permiten establecer los documentos. Personas que integraron la conducción de Credit Now también participaron de una constructora adjudicataria de obras estatales. La coincidencia vuelve necesario examinar ambas trayectorias, aunque no acredita por sí misma que las contrataciones hayan influido en la entrega del código ni que existan funcionarios asociados con la prestamista, pero algo si que huele raro.
 

Los recibos muestran quién paga las consecuencias

En un recibo de enero de 2026 demuestra que creditnow concentra la mayoría de lso créditos otorgados de las 14 entidades prestadoras a los empleados públicos. Como ejemplo se tomaron dos recibos de sueldo correspondientes a un trabajador de servicios de apoyo de Educación, Credit Now descontó $389.910. El salario, después de las retenciones de ley, era de $1.066.484,04. La cuota de la empresa absorbió por sí sola aproximadamente el 36,6% de ese importe. Tras sumar las restantes deducciones, entre ellas una cuota alimentaria, el ingreso de bolsillo quedó en $336.569,40.

Otro recibo, policial, de diciembre de 2025, registra $154.950 a favor de Credit Now. Sobre un bruto de $1.773.972,51, los descuentos totales alcanzaron $1.598.729,18 y dejaron $175.243,33 para cobrar. Ese total incluye aportes obligatorios y obligaciones con varias entidades. No es atribuible exclusivamente a Credit Now, pero muestra hasta dónde puede reducirse el dinero disponible cuando se acumulan las retenciones.

La documentación también exige precisión sobre el alcance del fenómeno. Los 18.921 haberes con retenciones informados en el relevamiento difundido en septiembre de 2025 correspondían al conjunto del sistema y representaban alrededor del 35% de la planta del Ejecutivo. No hay en ese dato una medición de cuántos tomaron créditos con Credit Now. Lo que sí permite establecer es la dimensión de un circuito que había retenido casi $7.900 millones en julio para transferir a distintos destinatarios.

La incorporación posterior de Insucol SA agregó otra sociedad comercial. En mayo de 2025 cambió autoridades y amplió su objeto social; en octubre, la resolución 705/2025, firmada por Gabriel Alejandro Sánchez, autorizó su acceso al registro. Declaró domicilio en Zatti 365 de Viedma, la misma dirección publicada por Balka Tiendas, que ofrecía productos financiados a empleados públicos. Los recibos ya muestran descuentos de Insucol, incluido el código policial 860. Estos elementos abren una línea de investigación sobre su operatoria, pero los documentos revisados no acreditan que comparta propietarios o conducción con Credit Now, pero si que da la casualidad que en Viedma, Creditnow estaba en el mismo edificio que Balka (Insucol), la otra empresa con codigo de descuento.
 

Seis años de suspensión y trabajadores que terminan en tribunales

El límite del 50% establecido en 2018 formaba parte de una norma que prometía facilitar el acceso al crédito y evitar el deterioro de los haberes. El decreto también previó un arancel del 2% sobre lo efectivamente retenido, a cargo de las entidades, por el servicio administrativo provincial. El Estado no era un espectador de la relación entre acreedor y trabajador. Organizaba un mecanismo, fijaba sus condiciones y debía controlar su funcionamiento.

La suspensión de 2020 dejó sin aplicación ese tope general durante años. Los tribunales comenzaron a imponer restricciones en casos particulares para preservar ingresos de subsistencia. En octubre de 2023, la jueza Paola Bernardini, de El Bolsón, ordenó limitar al 20% conjunto las deducciones de Credit Now y Banco Patagonia sobre el sueldo de una trabajadora de Educación. La revisión de los contratos y sus intereses quedó reservada para la resolución de fondo.

En el caso de Miriam Trepode, la Cámara del Trabajo de Viedma constató que las retenciones de distintas entidades, entre ellas Credit Now, dejaban $110.420,88 de bolsillo en julio de 2026. El tribunal ordenó preservar un ingreso vinculado con la canasta básica alimentaria. La sucesión de causas muestra que el problema persistió y que la posibilidad de disponer de una parte del salario terminó dependiendo, para numerosos agentes, de una intervención judicial.

Existían antecedentes que obligaban a extremar los controles. El circuito de Flash Cash y UPAM, ligado a capitales santafecinos, derivó en conflictos por créditos cedidos a Banco del Sol. La Justicia documentó el concurso preventivo de UPAM, abierto en abril de 2024, y reclamos de trabajadores que seguían figurando como deudores pese a haber pagado mediante descuentos salariales. Una comunicación judicial provincial describió que la mutual había cobrado de la Provincia, pero los fondos no habían llegado al banco que adquirió el crédito.

Pero acá hay que tomar un dato que deriva en otra investigación, la relación de las mutual santafecino con el Grupo 360 Medios, que son oficialistas recibiendo una cuantiosa cantidad de pauta publicitaria de la Provincia en medios de comunicación como el Coordillerano, Noticias Net, entre otras, quien uno de los directores de ese grupo era el minsitro de Economía, Gabriel Sanchéz.
 

Los documentos que faltan y las respuestas que se demoran

Credit Now fue mencionada expresamente en el pedido de informes 267/2025, presentado por Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd, con acompañamiento de otros legisladores opositores. Solicitaron sus antecedentes, el CUIT utilizado para obtener el código y el directorio informado al momento de la autorización. No preguntaban solamente cuánto debían los trabajadores. Preguntaban cómo había ingresado la empresa al mecanismo estatal de cobro.

En septiembre de 2026, el pedido 1105/2026, impulsado por Ayelén Spósito y otros legisladores, volvió sobre los convenios, las normas reglamentarias y el funcionamiento del registro. El 24 de septiembre quedó registrada una solicitud de prórroga de Función Pública para responder. En la documentación consultada no se localizó una contestación definitiva posterior.

Ahora el Gobierno vuelve a discutir porcentajes y controles sobre la capacidad de pago. La revisión anunciada no responde todavía por qué permaneció suspendida durante casi seis años la protección que la propia Provincia había establecido. Tampoco reemplaza la publicación del expediente de Credit Now, sus convenios, las transferencias mensuales y las fiscalizaciones realizadas.

Los documentos disponibles muestran una asimetría concreta. La Provincia sostuvo el mecanismo que permite cobrar las cuotas, mientras numerosos trabajadores debieron demandarla para conservar ingresos con los cuales vivir. La investigación sobre Credit Now conduce hasta esa responsabilidad política y administrativa. Quién le abrió la puerta al recibo de sueldo, qué revisó antes de hacerlo y qué controló después.