Castro mira para otro lado sobre una feria de emprededores de Córdoba y desataron reclamos

La realización de La Expo Feria Sin Fronteras – La Saladita, entre el 16 y el 18 de octubre en Viedma, abrió un frente de conflicto para el intendente Marcos Castro. La llegada de vendedores provenientes de Córdoba generó cuestionamientos entre comerciantes locales y trasladó la discusión al terreno institucional, con un reclamo formal que ahora obliga al gobierno municipal a dar explicaciones sobre las condiciones de funcionamiento del evento.

La presentación fue realizada por la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma. En una nota ingresada el 16 de octubre por la Mesa de Entradas municipal, su presidente, Eric Solís Arriagada, expresó la “profunda preocupación y enérgico rechazo” de la entidad y solicitó la intervención de las áreas encargadas de fiscalizar la actividad comercial.
 

La Cámara de Comercio exige explicaciones al Municipio

El reclamo plantea una discusión que excede la presencia de una feria temporal: cuáles son los criterios que aplica el Municipio para autorizar este tipo de actividades y cómo garantiza que sus organizadores cumplan con las mismas obligaciones que los comercios establecidos. La entidad empresarial pidió verificar las habilitaciones, la procedencia de la mercadería y el cumplimiento de las normas fiscales, bromatológicas, laborales y de seguridad.

La controversia pone el foco en la actuación de las áreas municipales responsables de las inspecciones. Mientras los comerciantes locales sostienen sus negocios durante todo el año, con costos de alquiler, servicios, impuestos y personal, las ferias itinerantes operan durante períodos acotados. Esa diferencia alimenta los cuestionamientos sobre las condiciones de competencia, aunque para determinar si existió una ventaja irregular es necesario conocer la documentación presentada por los organizadores y los controles efectivamente realizados.

Por ahora, la presentación de la Cámara acredita la existencia de un reclamo institucional, pero no prueba que la feria haya funcionado sin autorización ni que se hayan cometido infracciones. Esa distinción será central para establecer si las objeciones responden a un problema de fiscalización comprobable o a una disputa comercial por el impacto de la feria sobre las ventas locales.
 

El comercio local advierte sobre el impacto de las ferias itinerantes

El momento elegido para la realización del evento también forma parte de la preocupación empresarial. La feria coincide con los días previos al Día de la Madre, una fecha relevante para el movimiento comercial. En ese contexto, los negocios de Viedma temen que la instalación de puestos temporales afecte sus ventas, en un escenario en el que deben sostener sus costos operativos independientemente de la facturación que consigan.

La discusión no se limita a la procedencia de los vendedores. Las referencias realizadas por algunos feriantes sobre el origen y la pertenencia comunitaria de quienes participan del evento no determinan, por sí mismas, la legalidad de la actividad. El punto central es establecer si todos los operadores comerciales cumplen las disposiciones vigentes, sin distinciones por su lugar de procedencia.

Para la Cámara, la respuesta debe surgir de inspecciones concretas y no de declaraciones generales. Por eso, la entidad reclamó que se verifique la documentación y que, si se detectan incumplimientos, se adopten las medidas previstas por la normativa. El resultado de esas actuaciones permitirá establecer si existen irregularidades y qué consecuencias podrían corresponder.
 

Marcos Castro enfrenta un nuevo frente de presión política

El conflicto coloca al intendente ante la necesidad de explicar cómo se gestionó la autorización de la feria y qué intervención tuvieron las dependencias municipales competentes. Una respuesta oficial que detalle los permisos otorgados, las inspecciones realizadas y los requisitos exigidos permitiría precisar el alcance de los cuestionamientos y determinar si el procedimiento se ajustó a las reglas vigentes.

La Cámara de Comercio, por su parte, advirtió que podría impulsar presentaciones y denuncias ante otros organismos de fiscalización si no obtiene respuestas oportunas ni observa medidas concretas. Esa posibilidad transforma el reclamo sectorial en un asunto que podría escalar hacia otras instancias administrativas, dependiendo de la documentación disponible y de los resultados de las verificaciones.

El episodio deja planteado un desafío para la gestión de Castro: sostener criterios transparentes de habilitación y fiscalización en una actividad que enfrenta intereses económicos contrapuestos. La resolución del conflicto dependerá de los controles que efectivamente se hayan realizado, de la información que entregue el Municipio y de la eventual existencia de infracciones. Mientras tanto, la feria se convirtió en un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo local y un sector comercial que exige reglas claras y condiciones equitativas.