Río Negro: piden explicaciones a Weretilneck por contratos con consultoras y acuerdos externos

El Gobierno de Río Negro deberá informar sobre las contrataciones realizadas entre 2022 y el 30 de septiembre de 2026 para determinar si cumple con la ley que establece una prioridad para las universidades públicas con presencia en la provincia. El requerimiento legislativo pone bajo la lupa los convenios con instituciones externas, los servicios contratados a consultoras privadas y el destino de los recursos públicos.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, junto con Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao. También acompañaron el pedido Daniel Belloso, Alejandra Mas y Leandro García, de la bancada PJ–Nuevo Encuentro.
 

La Ley 4754, en el centro del reclamo político

El planteo apunta a establecer si el Ejecutivo aplica la Ley 4754, que prioriza a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para trabajos de asesoramiento, consultoría y capacitación. Los legisladores reclaman conocer si esas instituciones fueron convocadas para prestar servicios que forman parte de sus capacidades académicas y técnicas.

“Queremos saber si Weretilneck está cumpliendo la ley o si está utilizando recursos públicos para contratar servicios por fuera de nuestras universidades, que tienen capacidad, conocimiento y profesionales formados en Río Negro”, sostuvo Berros.

El legislador vinculó el reclamo con la situación presupuestaria de las universidades nacionales y cuestionó las prioridades del Gobierno provincial. La discusión, así, excede el mecanismo administrativo de las contrataciones: también pone en debate qué lugar ocupan las instituciones públicas de la provincia en la planificación de políticas y proyectos estratégicos.


 

El acuerdo con Francia y las contrataciones bajo revisión

Uno de los antecedentes señalados por los bloques es el convenio de cooperación que el gobernador Alberto Weretilneck firmó en París con el IAE Paris-Sorbonne para planificar el desarrollo de ciudades rionegrinas ante el crecimiento de las inversiones energéticas. Los legisladores reclaman precisiones sobre ese tipo de acuerdos y preguntan si las universidades nacionales fueron consideradas para tareas contempladas en la legislación provincial.

El pedido exige información sobre la cantidad de contrataciones adjudicadas a la UNRN, la UNCo y sus centros de investigación, además de las realizadas con consultoras privadas. También solicita identificar proveedores, montos, procedimientos de selección y plazos de ejecución. Otro eje es el Consejo Coordinador previsto por la Ley 4754: los legisladores quieren conocer si fue constituido, cómo funciona y qué intervención tiene en la aplicación de la norma.

La respuesta oficial permitirá establecer si la prioridad establecida por ley se tradujo en una política efectiva de contratación o si existen diferencias entre lo dispuesto por la normativa y las decisiones del Ejecutivo. Por ahora, el pedido de informes busca reunir los datos necesarios para evaluar ese cumplimiento.
 

Río Negro Bilingüe y los convenios con la UNCo y EDIR

El requerimiento incluye consultas específicas sobre el programa Río Negro Bilingüe y la participación de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue. Los legisladores solicitaron que se expliquen los motivos por los cuales no se habría encomendado a las universidades públicas el desarrollo total o parcial de la propuesta, además de información sobre los recursos destinados a plataformas digitales, capacitación y asistencia técnica.

También reclamaron copias de los convenios firmados con la UNCo y con EDIR Emprendimientos, junto con los informes de seguimiento y evaluación del programa. El objetivo es conocer cómo se distribuyeron las tareas, qué recursos se comprometieron y qué mecanismos de control se aplicaron.

“No alcanza con firmar convenios y anunciar acuerdos. Hay que explicar cómo se utilizan los recursos públicos, a quiénes se contrata y por qué. Queremos transparencia y que se respete una ley que busca fortalecer a nuestras universidades públicas”, afirmó Berros. La información que entregue el Gobierno será clave para determinar el alcance de las contrataciones y el grado de cumplimiento de la normativa entre 2022 y septiembre de 2026.