PAMI suspende la atención en clínicas y sanatorios durante 48 horas: qué pasará en Río Negro

Los jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) volverán a enfrentar restricciones en el acceso a la salud por un nuevo conflicto entre la obra social nacional y los prestadores privados. Clínicas, sanatorios y hospitales privados de distintas provincias anunciaron una suspensión de servicios durante 48 horas, prevista para este miércoles 21 y jueves 22 de octubre.

La medida fue convocada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), Salud Federal, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) y Clínicas de la Patagonia. Las entidades argumentan que atraviesan una situación económica y financiera insostenible, marcada por el atraso de los aranceles y las demoras en los pagos. La convocatoria no precisa qué establecimientos de Viedma y Carmen de Patagones adherirán ni qué prestaciones se suspenderán en cada localidad.
 

PAMI: un conflicto que vuelve a afectar a jubilados de Río Negro

El nuevo paro de prestadores tiene un antecedente reciente en la región. A fines de agosto, clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa suspendieron la atención programada a afiliados de PAMI, en una medida que alcanzó a casi 300.000 jubilados y pensionados de las cuatro provincias patagónicas.

Durante aquella protesta quedaron interrumpidas consultas médicas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, mientras se mantuvieron las guardias y las emergencias. En paralelo, más de un centenar de establecimientos del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza también restringieron sus servicios durante 48 horas.

Menos de dos meses después, las organizaciones vuelven a plantear los mismos problemas sin que se haya alcanzado una solución de fondo. El conflicto también involucra a otros prestadores, entre ellos oftalmólogos, médicos de cabecera y odontólogos, que durante el año denunciaron dificultades para sostener sus servicios a los afiliados.



 

Los aranceles de PAMI acumulan atrasos de hasta el 131%

Las cámaras empresarias sostienen que los valores que reciben por las prestaciones médicas acumulan un atraso de entre el 100% y el 131% respecto de la inflación de los últimos dos años. Según explicaron, los ingresos no acompañan el aumento de los costos operativos, entre ellos salarios, insumos médicos, medicamentos, equipamiento y servicios.

Las entidades advierten que el deterioro financiero compromete tanto la continuidad de la atención como la estabilidad económica de los establecimientos y los puestos de trabajo. También cuestionan el sistema de contratación de PAMI, al considerar que sus condiciones generan limitaciones operativas y dificultades para organizar las prestaciones.

Otro de los reclamos apunta a la falta de respuestas del Gobierno nacional. El 14 de septiembre, las organizaciones solicitaron una audiencia urgente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el respaldo de más de 30 asociaciones regionales y provinciales. Según denunciaron, el pedido todavía no tuvo respuesta y buscaba abrir una negociación sobre contratos, aranceles y financiamiento.
 

Clínicas privadas reclaman pagos y cuestionan las derivaciones de PAMI

Los prestadores también cuestionaron cambios en la política de contratación de la obra social. Según denunciaron, PAMI comenzó a derivar contratos hacia hospitales públicos y a retirar pacientes que anteriormente eran atendidos en clínicas privadas. Para las entidades, esta situación agrava el desfinanciamiento del sector y puede incrementar la presión sobre establecimientos públicos que ya enfrentan dificultades de capacidad.

Las organizaciones recuerdan que el sector privado representa aproximadamente el 51% de los establecimientos de salud con internación del país y dispone del 56% de las camas, según las cifras que difundieron. Por eso, sostienen que una reducción de su capacidad operativa repercute sobre el conjunto del sistema sanitario y limita las alternativas de atención para los jubilados.


 

Entre sus principales exigencias figuran la actualización de los aranceles de acuerdo con los costos, la regularización de los pagos, un modelo de atención que garantice la continuidad de las prestaciones y el fortalecimiento de las contrataciones con el sector privado. Mientras no haya respuestas, advierten que la crisis puede profundizarse y derivar en nuevas restricciones.

La nueva suspensión vuelve a poner a los afiliados en el centro de una disputa que enfrenta a la obra social nacional con sus prestadores. En Río Negro, el alcance concreto de la medida dependerá de la adhesión de cada establecimiento y de las prestaciones que decida interrumpir. Por el momento, no está confirmado qué clínicas y sanatorios de la zona suspenderán sus servicios.