por Redacción
Los recibos de sueldo de agosto de 2026 de funcionarios de la Municipalidad de Bariloche revelan remuneraciones brutas de hasta $8,76 millones, en un contexto de reclamos por los ingresos de los trabajadores municipales y advertencias del intendente Walter Cortés sobre las dificultades financieras del municipio. Los comprobantes exponen diferencias importantes entre los salarios de la conducción política y los ingresos de referencia de los empleados de planta.
El origen de esos montos se remonta a noviembre de 2025, cuando el Concejo Municipal aprobó una modificación de la fórmula utilizada para calcular los salarios políticos. La reforma elevó de tres a seis los sueldos básicos de la categoría 24 que se toman como referencia para determinar la remuneración del intendente, con un efecto directo sobre otros cargos de la estructura municipal.
Carlos Alberto Madjinca, titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, encabeza los cuatro casos examinados, con una remuneración bruta de $8.760.013,73. Tras descuentos por $2.723.992,73, su salario neto asciende a $6.036.021. La liquidación incluye un adicional por zona fría de más de $2,47 millones y un descuento de $595.769,52 bajo el concepto «Aporte Partido PUL».

También aparecen remuneraciones millonarias entre los delegados municipales. Pablo Javier Rantul, delegado de Pampa de Huenuleo, registra un bruto de $7.522.922,77 y un neto de $5.274.225. Por su parte, Juan Manuel Palmeiro, delegado de Cerro Otto, percibe $7.833.261,15 brutos y $4.179.783 de bolsillo, luego de descuentos por más de $3,65 millones.

Otro de los comprobantes corresponde a Sergio Andrés Herrero, registrado en Intendencia bajo la categoría «4 básico 24». Su remuneración bruta alcanza los $6.287.252,67 y el neto llega a $3.564.252. En los cuatro casos figuran descuentos destinados al Partido Unión y Libertad (PUL), equivalentes al 10% del básico. Los recibos permiten constatar esas retenciones, aunque no acreditan por sí solos el destino posterior de los fondos.

La modificación fue aprobada en noviembre de 2025 por el Concejo Municipal, mediante un tratamiento sobre tablas y con el voto unánime de los concejales presentes. La iniciativa contó con las firmas de Gerardo Del Río, presidente del Concejo; Estanislao Cazaux, titular del Tribunal de Contralor; y Yanina Sánchez, asesora letrada municipal.
El cambio alteró el esquema establecido por la ordenanza 1575-CM-05, vigente desde hacía dos décadas. El salario del intendente pasó de equivaler a tres básicos de la categoría 24 a seis, más los adicionales correspondientes. Como otras remuneraciones políticas se calculan en relación con los ingresos del jefe comunal, la modificación repercutió sobre el resto de la estructura.
La aprobación coincidió con el tratamiento de una ampliación presupuestaria que contemplaba necesidades de financiamiento para pagar salarios municipales. De esta manera, la decisión de aumentar la base salarial de los cargos políticos se produjo en paralelo a las discusiones sobre la disponibilidad de recursos para afrontar las obligaciones del municipio.
El Ejecutivo municipal justificó la modificación por el atraso que, según argumentó, sufrían los ingresos de los funcionarios respecto de las actualizaciones de la planta permanente. El asesor Martín Domínguez sostuvo que se había generado una diferencia salarial entre ambos sectores. «Se estaba dando una situación desigual entre los políticos y la planta permanente», manifestó.
El propio Cortés defendió públicamente el aumento el 28 de noviembre de 2025. «A la gente hay que pagarle bien para que trabaje bien», afirmó, al argumentar que algunos asesores cobraban poco. En esa misma oportunidad, reconoció que todavía no había evaluado completamente el impacto de la medida.
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM), conducido por Brenda Morales, pidió el 2 de diciembre que el Concejo retrotrajera el aumento. El gremio denunció un «desequilibrio interno sin precedentes» y reclamó que, si existían recursos para mejorar los salarios políticos, también se otorgara una compensación al resto de los trabajadores municipales.
La discusión volvió a cobrar relevancia en septiembre de 2026, cuando Cortés advirtió sobre las dificultades para afrontar salarios y aguinaldos si no se actualizaba el módulo fiscal. En ese contexto, también planteó la necesidad de reducir personal y afirmó: «Yo creo que incluso hay que achicar».
Los recibos de agosto permiten dimensionar el resultado de la reforma salarial: uno de los funcionarios analizados supera los $6 millones netos, mientras que otros dos delegados municipales cobran más de $4 millones de bolsillo. La comparación con los ingresos de los trabajadores debe contemplar las diferencias de categoría, antigüedad y adicionales, aunque los montos vuelven a poner bajo discusión la escala salarial de la conducción política.
El debate deja planteados interrogantes sobre el costo presupuestario de la modificación, los criterios utilizados para actualizar los salarios de los funcionarios y las prioridades del gasto municipal. También vuelve a enfrentar dos reclamos: la defensa oficial de una estructura salarial que el Ejecutivo consideraba atrasada y la exigencia sindical de que las mejoras alcancen al conjunto de los empleados.