por Redacción
La investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA terminó con una resolución favorable para Javier Milei, su hermana Karina y el resto de los imputados. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó sus sobreseimientos al considerar que los hechos analizados no encuadran en una figura penal.
La decisión pone un punto clave en el expediente que se abrió tras la promoción del activo digital por parte del Presidente y su posterior desplome. El caso provocó denuncias, pérdidas para inversores y cuestionamientos políticos sobre el papel que tuvo Milei en la difusión del proyecto.

El fallo llegó luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de los acusados. El magistrado hizo lugar al planteo y sostuvo que los acontecimientos investigados no constituyen un delito, por lo que resolvió desvincular penalmente a los involucrados.
La medida alcanza, además de Javier y Karina Milei, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh —también conocido como Julian Peh—, María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
El caso se remonta a febrero de 2025, cuando Milei difundió en sus redes sociales información sobre $LIBRA, un activo digital presentado como una iniciativa destinada a financiar proyectos privados. Luego de esa publicación, la cotización experimentó una fuerte suba y posteriormente se desplomó.
La caída generó pérdidas entre quienes habían comprado la criptomoneda y abrió interrogantes sobre las condiciones en las que se había impulsado el proyecto. La investigación buscó determinar si la operatoria podía constituir un delito y establecer qué responsabilidades les correspondían a sus principales promotores y a las personas vinculadas con el lanzamiento.

La resolución representa un alivio judicial para el Presidente y su entorno, que quedaron bajo investigación por un episodio que también tuvo consecuencias políticas. Sin embargo, el cierre penal no elimina la controversia pública que generó la promoción de la criptomoneda ni las preguntas sobre la intervención presidencial.
El sobreseimiento se apoya en el criterio del juez de que los hechos examinados no encuadran en una figura delictiva. El alcance definitivo de la decisión dependerá de su situación procesal y de la posibilidad de que sea impugnada por las vías correspondientes.