por Redacción
El Gobierno de Río Negro prevé publicar la próxima semana el decreto que establecerá límites a los descuentos salariales de los empleados públicos y habilitará una renegociación de sus deudas. Sin embargo, antes de la firma de la norma, UPCN presentó un reclamo ante el Ministerio de Hacienda para exigir precisiones y cuestionar aspectos centrales de la iniciativa.
El principal planteo del sindicato apunta al orden de prioridad que tendrán las entidades acreedoras cuando los descuentos superen el tope que establezca la Provincia. La organización reclamó que las mutuales y los gremios no queden relegados frente a los bancos y las financieras.
La discusión involucra a miles de trabajadores estatales cuyos salarios se encuentran comprometidos por cuotas de préstamos, órdenes de compra y otras obligaciones que se descuentan directamente de sus haberes. Según datos oficiales informados anteriormente, cerca de 19.000 agentes del Poder Ejecutivo tenían retenciones a favor de entidades autorizadas.
El Gobierno todavía no definió el tope de los descuentos
Uno de los puntos pendientes es el porcentaje máximo que podrán representar las retenciones sobre los salarios. Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo figuran límites del 30% o del 33%, además de un esquema que podría alcanzar el 50% con una reducción progresiva.
La definición determinará cuánto dinero podrán conservar los trabajadores después de afrontar sus compromisos financieros. UPCN pidió conocer el porcentaje definitivo, la base de cálculo —salario bruto o neto— y cuáles serán los descuentos alcanzados por la medida.
El Gobierno también prevé convocar a las entidades acreedoras para establecer condiciones generales de renegociación de montos y plazos. La aplicación del esquema se había proyectado para los haberes de noviembre, aunque todavía restan precisiones sobre su instrumentación.

UPCN exige prioridad frente a bancos y financieras
El gremio que conduce Juan Carlos Scalesi cuestionó que se avance con una medida de este alcance sin la participación previa de las organizaciones sindicales. En su presentación ante el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, advirtió que la iniciativa tendrá consecuencias directas sobre los ingresos de los empleados públicos.
“Es inaceptable que se defina sin participación sindical una medida que impacta sobre los haberes de un tercio del personal provincial”, sostuvo UPCN.
La organización también reclamó garantías para que las renegociaciones sean voluntarias e individuales, sin presiones sobre los trabajadores ni pérdida de servicios para quienes decidan no adherir a nuevas condiciones. Además, pidió que se establezca qué ocurrirá con las cuotas vigentes que superen el límite permitido.
El Banco Patagonia y los nuevos controles, bajo discusión
Otro de los interrogantes planteados por el sindicato es si el tope alcanzará también a los compromisos con el Banco Patagonia, agente financiero de la Provincia. UPCN advirtió que, si esas obligaciones quedan fuera del esquema, los pagos podrían trasladarse a débitos directos sobre las cuentas bancarias y reducir el efecto práctico de la medida.
El plan oficial contempla, además, la creación de un centro de autorización para controlar nuevas retenciones salariales y verificar el nivel de endeudamiento de los agentes antes de habilitar otros compromisos. El gremio solicitó información sobre su funcionamiento, las tasas admitidas y los mecanismos de control.
Antes de la firma del decreto, UPCN pidió una reunión urgente para discutir los alcances de la iniciativa. También advirtió que, si no obtiene respuestas, se reserva la posibilidad de impulsar medidas administrativas, institucionales y judiciales.
La publicación de la norma permitirá conocer finalmente los límites de los descuentos y las condiciones para renegociar las deudas. Mientras tanto, la discusión se concentra tanto en la protección del salario estatal como en el lugar que ocuparán los distintos acreedores dentro del nuevo sistema.