Diez legisladores de los bloques Cambia Río Negro y Vamos con Todos impulsan un pedido de juicio político contra cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La denuncia apunta a Liliana Piccinini, Cecilia Criado, Sergio Ceci y Ricardo Apcarian por presunto incumplimiento de los deberes de sus cargos y solicita investigar si sus actuaciones interfirieron en la competencia política provincial. El planteo también pone bajo cuestionamiento la relación del máximo tribunal con el gobernador Alberto Weretilneck.
El escrito está dirigido a la Sala Acusadora de la Legislatura y lleva los nombres de Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti, de Cambia Río Negro; y de José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Ayelén Spósito y Fabián Pilquinao, de Vamos con Todos. Solicitan que se investiguen los hechos y que, una vez determinadas las eventuales responsabilidades individuales, se avance con el juicio político.
El principal cuestionamiento recae sobre la intervención del STJ en el proceso contra el exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso. Según detalla la presentación, el exjefe comunal había sido absuelto por unanimidad de una acusación de peculado y esa decisión fue confirmada por el Tribunal de Impugnación. Sin embargo, el máximo tribunal dispuso la continuidad del procedimiento para que se examinara una posible malversación de fondos.

Los denunciantes sostienen que esa figura no había formado parte de la acusación que llevó a Gennuso a juicio y cuestionan que se haya diferido el tratamiento de un planteo de prescripción. También reclaman esclarecer por qué el pronunciamiento, inicialmente anunciado para el 5 de noviembre, fue adelantado a octubre y qué motivó la posterior solicitud de una audiencia urgente por parte de la Fiscalía.
El documento vincula esas decisiones con las aspiraciones políticas del exintendente hacia 2027. “La preocupación comprende la eventual utilización selectiva de los mecanismos penales para mantener bajo persecución a determinados dirigentes”, expresan los legisladores. Por eso, piden investigar el contenido de las resoluciones, los tiempos del expediente y las circunstancias que pudieran revelar una interferencia indebida en su participación política.
La denuncia dedica un apartado al cambio de posición que atribuye a Weretilneck frente a los intendentes investigados por el programa habitacional Techo Digno. Recuerda que el gobernador había defendido públicamente a los jefes comunales y había atribuido las dificultades a problemas administrativos y de ejecución. Además, incorpora el Decreto 630/2018, mediante el cual su gobierno reconoció obstáculos en las obras, amplió plazos y aprobó nuevas planificaciones.
Los firmantes contrastan ese antecedente con declaraciones recientes del mandatario, quien reclamó que los exintendentes explicaran qué hicieron con los fondos. La hipótesis que plantean es que el endurecimiento político coincidió con el alejamiento de algunos dirigentes del proyecto del gobernador y que determinadas decisiones judiciales habrían acompañado ese cambio. Esa supuesta coordinación es uno de los puntos cuya investigación solicitan.
El escrito incorpora también la situación de la exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini. Señala que atravesó un proceso de más de nueve años por Techo Digno y obtuvo una absolución en abril de 2026, confirmada en agosto por el Tribunal de Impugnación. Los legisladores presentan ese expediente como antecedente para comparar los límites de la acusación y el tratamiento de la figura de malversación en ambos casos.
Otro de los antecedentes incluidos es la decisión del STJ que habilitó a Weretilneck a competir por un nuevo mandato consecutivo en 2019, posteriormente dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La denuncia identifica la participación de Piccinini en aquella resolución, aunque reconoce expresamente que la revocación de una sentencia no constituye, por sí sola, una prueba de mal desempeño.

También solicita investigar la actuación de Piccinini en el caso Luján, donde fue recusada porque su hija intervenía como fiscal adjunta. El planteo cuestiona las garantías de imparcialidad y pide examinar los fundamentos con los que Apcarian y Ceci rechazaron el apartamiento. En ese punto, diferencia la situación de Criado, quien se abstuvo de opinar.
La presentación busca que la Legislatura abra una investigación sobre la conducta de los cuatro magistrados y determine si corresponde promover su juicio político. El pedido todavía no equivale a una destitución ni acredita las irregularidades denunciadas: coloca ante la Sala Acusadora un cuestionamiento institucional sobre la independencia judicial, los límites del poder y las condiciones de participación política en Río Negro.