27/10/2026 - Edición Nº2883

Río Negro

Causa Techo Digno

Sobreseyeron a la intendenta de Cervantes en la causa Techo Digno

Claudia Montanaro quedó desvinculada definitivamente de la investigación por presuntas irregularidades en fondos para viviendas. La Fiscalía consideró que las pruebas no alcanzaban para sostener una acusación penal, a diferencia de su padre, el exintendente Gilberto Montanaro, quien fue condenado en la misma causa.


por Redacción


La intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, fue sobreseída en la megacausa Techo Digno, que investigó presuntas irregularidades en el uso de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas en Río Negro. La resolución fue firmada el 21 de octubre por la jueza penal Claudia Alejandra Lemunao, quien aceptó el pedido de la defensa con el aval de la Fiscalía.

El cierre definitivo del proceso se apoyó en la falta de elementos suficientes para atribuirle un delito a la funcionaria. La investigación había analizado su posible intervención en operaciones con fondos del programa habitacional durante la gestión municipal de su padre, Gilberto Montanaro, cuando ella se desempeñaba como secretaria de Gobierno.
 

Por qué la Fiscalía pidió el sobreseimiento

La fiscal jefa Graciela Echegaray sostuvo que las pruebas reunidas, entre ellas documentación bancaria y pericias contables, no alcanzaban para formular una acusación penal contra Claudia Montanaro. La investigación había puesto bajo análisis transferencias a empresas constructoras, pagos sin mediciones o certificaciones de obra y movimientos de dinero cuyo destino no había sido determinado.

La Fiscalía diferenció los posibles cuestionamientos administrativos de la existencia de un delito. Aunque pudieran persistir dudas sobre aspectos de la ejecución del programa, consideró que no estaban acreditados los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad penal a la intendenta.

La causa se inició en abril de 2017, a partir de una denuncia relacionada con el convenio entre el Estado nacional y el municipio para construir viviendas. En diciembre de 2023, la investigación se amplió para analizar la posible participación de Montanaro en operaciones realizadas entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015, antes de que asumiera como jefa comunal.


 

Techo Digno: las diferencias con la condena a su padre

El sobreseimiento de la intendenta contrasta con la situación judicial de su padre, Gilberto Montanaro, exintendente de Cervantes. El 30 de abril de 2026, recibió una condena mediante un acuerdo de juicio abreviado que quedó firme, por defraudación a la administración pública en concurso ideal con uso de documento público falso.

La investigación en Cervantes incluyó contratos para construir 135 viviendas, distribuidas entre las empresas Baszkir Construcciones, Eraiki S.A. y ECA S.A. La hipótesis judicial examinó presuntas irregularidades en la administración de los recursos públicos y en los pagos realizados a las firmas contratistas.

La situación procesal de ambos es diferente: la condena de Gilberto Montanaro corresponde a hechos por los que aceptó responsabilidad en el marco del juicio abreviado, mientras que Claudia Montanaro quedó desvinculada definitivamente de esta causa al no reunirse pruebas suficientes para sostener una acusación penal en su contra.


 


Un cierre definitivo tras una decisión provisoria

En junio de este año, la Fiscalía ya había desestimado las actuaciones contra Claudia Montanaro. Sin embargo, aquella decisión era provisoria y permitía reabrir la investigación si aparecían nuevos elementos de prueba.

La defensa solicitó entonces el cierre definitivo del expediente, un planteo que finalmente prosperó con la resolución de la jueza Lemunao. De esta manera, la investigación penal contra la intendenta quedó cerrada en los términos de la decisión judicial.

El caso se inscribe en la megacausa Techo Digno, que examinó el destino de fondos nacionales transferidos a municipios para la construcción de viviendas. El desenlace en Cervantes vuelve a poner de relieve la importancia de distinguir entre las responsabilidades atribuidas a cada funcionario y el alcance concreto de las pruebas reunidas en cada expediente.