por Redacción
Marín Pérez Morando se prepara para retomar sus funciones al frente de la Defensoría del Pueblo de Viedma, luego de una licencia por una intervención cardíaca programada. Su regreso formal podría concretarse en unos diez días, mientras el organismo atraviesa una discusión política e institucional por la extensión de su mandato.
El Concejo Deliberante aprobó una prórroga excepcional que le permitirá continuar en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2027. La decisión se tomó por seis votos a favor, dos en contra y una abstención, en una sesión que expuso diferencias entre los bloques y cuestionamientos sobre las condiciones en que se definió la continuidad del funcionario.
La iniciativa fue impulsada por el intendente Marcos Castro y estableció una extensión del mandato que originalmente debía finalizar en octubre de 2026. Entre los argumentos del Ejecutivo figuró la situación de salud de Pérez Morando, que le habría impedido completar la presentación y defensa de su informe anual de gestión.
La medida recibió el respaldo de seis concejales, mientras que Vanessa Cacho Devincenzi y Silvina Franco votaron en contra. Natalia Macri se abstuvo, en una votación que reflejó diferencias políticas dentro del Concejo.
Con la ordenanza aprobada, Pérez Morando continuará al frente del organismo de control municipal durante aproximadamente trece meses más. La decisión también modificó el escenario para quienes ya se habían inscripto en el procedimiento para elegir a su sucesor.

La extensión generó objeciones de sectores de la oposición, que cuestionaron la modificación de los plazos cuando ya estaba en marcha la convocatoria para cubrir el cargo. Cacho sostuvo que la situación de salud del defensor no justificaba alterar el calendario institucional ni afectar a quienes habían presentado sus antecedentes.
La concejala también reclamó garantías de transparencia e igualdad de condiciones para todas las personas interesadas en ocupar la Defensoría. Los cuestionamientos se centraron en la decisión de extender el mandato en lugar de continuar con el proceso de selección previsto por la normativa municipal.
Desde el Ejecutivo, en cambio, defendieron la medida como una disposición transitoria y excepcional. El proyecto planteó que la extensión no constituía una reelección ordinaria, sino una modificación puntual de la fecha de finalización del mandato vigente.
La aprobación de la prórroga no cerró la discusión sobre la renovación de la Defensoría. El expediente que establece las condiciones para seleccionar al próximo titular volvió a Labor Parlamentaria, por lo que el procedimiento deberá seguir su recorrido en el ámbito legislativo.
La controversia se había iniciado cuando el Ejecutivo municipal propuso extender la permanencia de Pérez Morando mientras continuaba abierta la inscripción de postulantes. El cruce entre ambos procesos generó cuestionamientos sobre la previsibilidad de las reglas y el impacto de la decisión en quienes aspiraban a ocupar el cargo.
Con el regreso de Pérez Morando previsto para los próximos días y su continuidad asegurada hasta fines de noviembre de 2027, el foco queda puesto en cómo avanzará el Concejo Deliberante con el procedimiento para elegir a su reemplazante. La discusión combina cuestiones institucionales con diferencias políticas sobre el funcionamiento y la conducción del organismo de control.