por Redacción
El vertedero de Bariloche volvió a poner bajo presión al intendente Walter Cortés y al gobernador Alberto Weretilneck. La Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentable (FADEHS) intimó formalmente a ambas administraciones para que cumplan con las normas que establecen el cierre del predio, su remediación ambiental y la relocalización del sitio de disposición final de residuos.
La organización sostiene que el basural continúa funcionando pese a que el plazo previsto para su cierre venció el 4 de diciembre de 2023. Además, denunció que una serie de presentaciones administrativas ante el Municipio y el Gobierno provincial no obtuvo respuesta y anunció que buscará una intervención judicial para forzar el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Las cartas documento fueron impulsadas por Tomás Guevara y Federico López Lámbert, integrantes de FADEHS y candidatos a convencionales constituyentes por Fuerza Bariloche. El planteo exige que se cumplan la Ordenanza 3349-CM-22 y las obligaciones establecidas en la Ley provincial 5491.
Ante el Municipio, la fundación había presentado un reclamo el 16 de enero y un pronto despacho el 15 de mayo. En el ámbito provincial, inició actuaciones el 19 de enero y reiteró el pedido mediante un pronto despacho el 12 de marzo. Según la entidad, la falta de respuestas motivó el envío de las intimaciones formales.
El reclamo dirigido a Cortés exige el cierre definitivo del Centro de Residuos Urbanos Municipal como lugar de disposición final. También invoca una sentencia del 22 de mayo de 2025, dictada en el marco de un amparo colectivo iniciado por Guevara y otros vecinos, y reclama avances concretos para localizar y poner en funcionamiento un nuevo predio ambientalmente adecuado.
La intimación a Weretilneck apunta a las responsabilidades de control y fiscalización que la fundación atribuye al Gobierno de Río Negro. FADEHS reclama que la Provincia garantice la aplicación del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y que active los mecanismos legales correspondientes si persiste el incumplimiento.
La organización sostiene que esos instrumentos permitirían avanzar con el cierre y la remediación a cargo del Municipio. También advirtió que buscará determinar eventuales responsabilidades civiles y penales de los funcionarios competentes por los posibles daños ambientales y sanitarios asociados al funcionamiento del vertedero.
Guevara cuestionó directamente a los dos mandatarios y vinculó el conflicto con las elecciones constituyentes del domingo. “No vamos a permitir que mantengan el vertedero en el lugar de forma indefinida; queremos ver avances concretos en su relocalización”, sostuvo, en una crítica a la falta de soluciones que atribuye a ambas gestiones.

La fundación considera que las intimaciones completan el recorrido administrativo previo a una nueva presentación judicial. Su objetivo es acudir al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para obtener una orden que obligue a cumplir las disposiciones sobre el cierre del predio y su saneamiento ambiental.
Según la entidad, el amparo iniciado en 2019 es anterior a las normas que ahora invoca y no habría obtenido un pronunciamiento específico sobre esas obligaciones posteriores. Por eso, busca que el nuevo planteo permita discutir el cumplimiento de las disposiciones vigentes y obtener una respuesta judicial concreta.
El conflicto vuelve a exponer una deuda ambiental de Bariloche que atraviesa distintas administraciones y compromete tanto al gobierno municipal como al provincial. Por ahora, el punto central sigue sin resolución: el vertedero continúa en funcionamiento y no hay, en la información presentada por la fundación, una fecha confirmada para su cierre definitivo, la remediación del terreno y la puesta en marcha de una alternativa.